El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, y Hermánn Escarrá, este último elegido constituyentista territorial por el municipio Zamora (Miranda), “por su papel en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Un hermano del fallecido líder venezolano Hugo Chávez y otros siete políticos en Venezuela fueron sancionados este miércoles por Estados Unidos por su vinculación con la polémica Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro aplicó medidas financieras contra Adán Chávez, Francisco Ameliach, Erika Farías, Carmen Meléndez, Ramón Vivas, Hermann Escarra, Tania D’Amelio y Bladimir Lugo, por estar involucrados de alguna manera con la Constituyente que rige desde el viernes en Venezuela con poderes absolutos, enfrentando un amplio rechazo internacional.
«El presidente Maduro instaló esta ilegítima Asamblea Constituyente para afianzar aún más su dictadura 
y continúa estrechando su control sobre el país», indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en el comunicado donde se anuncian las nuevas medidas contra los ochos políticos.
«El desprecio de este régimen por la voluntad del pueblo venezolano es inaceptable», agregó, subrayando el respaldo de Estados Unidos a la «oposición a la tiranía».
Las sanciones suponen el congelamiento de todos los bienes que están personas tengan sujetos a jurisdicción de Estados Unidos, y la prohibición de ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) aplicó estas medidas en cumplimiento de un decreto de 2015, el 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela y de otros que socaven la democracia en ese país.
El gobierno de Donald Trump ya había sancionado el 31 de julio a Maduro, y antes a 13 funcionarios y excolaboradores del mandatario venezolano, acusados de quebrar la democracia, incurrir en corrupción o violar los derechos humanos.
