La peor crisis política de la democracia española afronta 24 horas dramáticas en las que el presidente catalán Carles Puigdemont decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que ésta pondría en peligro «la cohesión social».
«Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia», dijo Colau en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al presidente español Mariano Rajoy que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante «habrá que tomar medidas», advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE.
Y pidió a los independentistas «que no se tiren al precipicio».
El martes, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán -a las 16H00 GMT- tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según los separatistas en éste la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente, Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que este lunes un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
La respuesta del Estado
La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el Artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la cámara alta la que debe dar el visto bueno a esa medida.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que «pare máquinas».
«Ojalá que, si nos está viendo, nos escuche, que pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia», dijo Sánchez, asegurando que apoyará «la respuesta del estado de Derecho».
Este lunes, tres empresas catalanas más –la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial, la empresa de telecomunicaciones Cellnex– anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región ha perdido en los últimos días seis o de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
El nerviosismo de dirigentes españoles, empresarios y ciudadanos de a pié creció de nuevo el domingo cuando en una entrevista con la televisión pública catalana Puigdemont dio a entender que, si Madrid no acepta una mediación, su gobierno aplicará el mandato que considera haber recibido tras el referéndum del 1 de octubre.
Presión de los aliados
«Hemos abierto la puerta de la mediación, y hemos dicho sí a tantas opciones de mediación como nos han planteado (…) Pasan los días, y si el Estado español no contesta positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer», advirtió Puigdemont.
Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Puigdemont en la coalición que gobierna la región, rechazó el lunes «las amenazas» del gobierno.
«Nosotros vamos a seguir con este proceso», dijo su portavoz Sergi Sabrià, aunque mantuvo «una puerta abierta al diálogo».
El más radical de los socios de Puigdemont, el partido de extrema izquierda CUP, defendió una declaración unilateral de independencia.
Diego Urdaneta
Daniel Bosque / AFP