Los comerciantes e industriales del municipio Independencia continúan reclamando el derecho a ser consultados para la elaboración de la ordenanza municipal que regula las actividades comerciales; al tiempo que rechazan el doble pechaje para cancelar los tributos a la municipalidad.
Así lo expresó el presidente de la cámara de comerciantes de esta localidad Guillermo Suárez, quien además informó que el organismo comercial y empresarial solicitó los servicios de profesionales de la contaduría y administración que ejercen sus labores en la población.
Los mercantes rechazan el aumento del 300% de las alícuotas con respecto a la gaceta anterior, siendo esta una de las tasas impositivas más altas en el país.
Suárez refiere además el excedente que percibe la municipalidad como impuesto, debido al incremento de la inflación que afecta el aumento unitario de los bienes, llegando a alcanzar desde 400 hasta 600% por concepto de precios unitarios; aunque las unidades vendidas son menores.
“Con esta gaceta oficial la municipalidad aplica doble pechaje al industrial y al comerciante, con un monto que oscila entre 1.200 y 1.800% con respecto a la alícuota anterior, sin tomar en cuenta que para el año 2018 se deben cancelar dos periodos. Lo anterior hace inviable el cumplimiento del pago de los tributos al municipio por parte del empresario, por cuanto existen otros impuestos y tasas que pagar al fisco nacional. Además, la gaceta en cuestión no considera el acostumbrado periodo de transición que le permita al empresario planificar su presupuesto particular”, indicó.
El vocero de los comerciantes destacó que están solicitando un derecho de palabra en la cámara municipal, donde además de entregar un documento, expresarán su inconformidad, pero también sus propuestas; tales como: modificar el mecanismo de recaudación, llevarlo al periodo mensual; ajustar el promedio de las alícuotas siguiendo el ejemplo de los municipios Cristóbal Rojas y Paz Castillo, donde oscilan entre el 1,5 y el 1,4%, respectivamente; respetar el principio de la progresividad y periodicidad para la cancelación del año 2017, con un plazo de seis (06) meses, manteniendo la cuota anterior; y por último, exigir al alcalde Carlos Rodríguez que la discusión de esta ordenanza sea con la presencia de representantes de la cámara de comerciantes e industriales, donde tenemos profesionales expertos en la materia”, terminó diciendo Guillermo Suárez.
MIP-TUY / Rafael González
