El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acusó este este martes al gobierno de «criminalizar» la disidencia mediante una polémica ley -aprobada por la Asamblea Constituyente- que castiga los «delitos de odio».
«Configura un grosero intento de criminalizar y sancionar la disidencia política, poniendo en riesgo la pluralidad, la libertad de expresión y el derecho a la información», señaló un acuerdo aprobado por el Legislativo.
La «ley contra el odio» prevé la ilegalización de partidos políticos y el cierre de medios de comunicación que inciten a esa conducta, además de la regulación de redes sociales.
El texto, aprobado la semana pasada por la Constituyente, fue propuesto por el presidente Nicolás Maduro tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
Maduro lo justifica alegando que, durante las manifestaciones, 29 personas fueron «quemadas vivas por ser chavistas».
Sin embargo, según el Parlamento, la ley promueve «la persecución» contra «ciudadanos que protestan».
«¿Quién provoca el odio? ¿El que reclama por falta de comida, agua o medicinas?», cuestionó el diputado Ángel Medina durante el debate.
El acuerdo legislativo declaró «nula» la aprobación de la ley por parte de la Constituyente, pero todas las decisiones de la cámara son desconocidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la considera en desacato.
AFP
