La mayoría de las grandes tabacaleras estadounidenses difundieron este domingo una serie de anuncios que advierten de los peligros que conlleva fumar para la salud, acatando una orden judicial de hace once años.
En noviembre de 2006, una corte federal llegó a la conclusión de que las compañías que elaboran y distribuyen tabaco se pusieron de acuerdo para mentir y engañar a los consumidores sobre los riesgos del tabaquismo.
La justicia había ordenado entonces que compañías como R.J. Reynolds y Philip Morris difundieran en televisión y prensa escrita mensajes para «corregir sus mentiras».
Las tabacaleras apelaron el fallo para cambiar algunas partes del texto, logrando de esta forma retrasar más de diez años la divulgación de sus declaraciones.
La orden judicial obliga a las compañías a comprar una página entera en los 50 periódicos más importantes del país, como The Washington Post o The New York Times, cinco domingos en un año.
Además, tendrán que emitir 260 anuncios de televisión a lo largo de doce meses en las principales cadenas nacionales, como ABC, CBS y NBC.
«Fumar mata, en promedio, a 1.200 estadounidenses. Cada día», dice la publicidad. «Fumar mata a más gente cada año que los asesinatos, el sida, los suicidios, las drogas, los accidentes de coche y el alcohol combinados».
El tabaquismo es la principal causa de mortalidad y de enfermedades evitables en Estados Unidos. Es responsable de 480.000 decesos por año, pese a que la tasa de fumadores ha caído en picada en los últimos años.
En 2015, la tasa de fumadores adultos cayó a 15%, la más baja jamás registrada, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). En la década de 1960, fumaba el 42% de los adultos.
Este fuerte descenso se debe sobre todo a los impuestos sobre el tabaco, las campañas de publicidad en contra y las restricciones que limitan los anuncios destinados a los jóvenes.
A pesar de ello, las tabacaleras invierten cada año 8.000 millones de dólares para promover sus productos.
El fallo de 2006 salió del juicio interpuesto por el Departamento de Justicia en 1999 para recuperar parte del dinero que el gobierno federal destina cada año a tratar enfermedades como el cáncer producidas por el tabaquismo.
