La justicia española retiró este martes la petición de extradición desde Bélgica del presidente catalán destituido, el independentista Carles Puigdemont, candidato a las elecciones regionales del 21 de diciembre, prefiriendo esperar su regreso a España para detenerlo.
Este nuevo giro en la crisis de Cataluña coincide con el lanzamiento de la campaña electoral para estos comicios, a los que el independentismo concurre con algunos líderes encarcelados y otros en el extranjero.
Desde el 27 de octubre, cuando el parlamento catalán declaró la secesión unilateralmente y el gobierno español de Mariano Rajoy respondió tomando el control de la región y convocando estos comicios, Cataluña vive con un ojo puesto en las elecciones y otro en los juzgados.
En una maniobra inesperada, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo decidió retirar la orden de detención europea emitida el 3 de noviembre contra Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos ellos en Bélgica.
El magistrado argumenta la decisión en la intención manifestada por los cinco políticos independentistas de volver al país para ser diputados si son electos.
Pero también quiso evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a Puigdemont y sus acompañantes, lo que generaría «una distorsión» respecto al resto de dirigentes independentistas investigados en España, cuatro de ellos encarcelados.
A todos se les investiga por rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso de secesión que culminó en la fallida proclamación de una república independiente.
El cargo por rebelión, punible con hasta 30 años de cárcel y definido como el hecho de «levantarse violentamente y públicamente», fue especialmente discutido en España y podía suponer un obstáculo para la extradición.
Los abogados de los políticos catalanes señalaron que el delito belga equivalente a la rebelión se refiere a un «atentado» o a «hacer tomar armas a los ciudadanos».
Si el juez hubiera entendido que los actos perseguidos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, los convenios de extradición impedirían que Puigdemont fuera enviado a España para ser procesado por estos delitos.
Los políticos catalanes comparecieron el lunes ante el juez belga que el 14 de diciembre debía decidir sobre su futuro. Ahora, el magistrado tendrá que cerrar el caso, indicó la fiscalía de Bruselas.
El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, celebró la decisión y aseguró que el tribunal español buscaba «evitar recibir una bofetada de la justicia belga».
Y sobre un posible regreso a España del líder independentista, afirmó que la decisión es toda suya: «sabe que si pone un pie en territorio español será automáticamente detenido».
AFP
