El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo al gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y al ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres.
Las sanciones anunciadas este viernes afectan también al general de división retirado Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado Bolívar, y al general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.
Los cuatro funcionarios son o han sido integrantes de las Fuerzas Armadas: Rodolfo Marco Torres es general de división retirado, y Gerardo Izquierdo Torres es mayor general del Ejército en activo.
En una nota oficial, el Tesoro informó que los cuatro “olvidaron la misión profesional republicana” de las instituciones militares de Venezuela, de acuerdo con la Constitución aprobada por ese país en 1999.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló en la nota que las sanciones “ponen de relieve la determinación de Estados Unidos de hacer responsable a (el presidente Nicolás) Maduro y otros, implicados en corrupción”.
En el caso de Zavarse Pabón, entre las razones para su inclusión en el paquete de sanciones se menciona su “alegada responsabilidad por actos de represión por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra protestas callejeras en Venezuela”.
Entre abril y julio de 2017 se realizaron protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro, que dejaron unos 125 fallecidos.
Como resultado de las sanciones, todos los activos que estos cuatro funcionarios eventualmente posean en territorio estadounidense resultarán congelados, y tendrán prohibido tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos considera a Venezuela un “narco Estado” que amenaza la seguridad internacional, por lo que ha impuesto sanciones en los últimos meses contra el mandatario venezolano y gran parte de sus funcionarios más cercanos.
Además, Washington prohibió a ciudadanos estadounidenses negociar deuda con el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA.
En noviembre, Washington había sancionado a otros 10 funcionarios por su alegada responsabilidad en irregularidades electorales.
El pasado 15 de noviembre, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde señaló que el fin de las sanciones estadounidenses depende del gobierno de Maduro.
“Si miembros del régimen de Maduro desean que se retiren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, deben actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela”, indicó el Departamento de Estado.
Los gobiernos de Washington y Caracas mantienen abiertas sus respectivas representaciones diplomáticas pero sin funcionarios con rango de embajador desde hace siete años, reseñó AFP.
Lista de nuevos sancionados:
- Rodolfo Clemente Marco Torres es el Gobernador del Estado Aragua y es Director Externo en el Consejo de Administración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres anteriormente ocupó los cargos de Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Alimentación, y es un general retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Marco Torres ha sido supuestamente vinculado a esquemas de corrupción relacionados con la importación de alimentos, que están controlados por el ejército venezolano.
- Francisco José Rangel Gómez es un ex Gobernador del Estado Bolívar y está retirado del Ejército Nacional, con el rango de División General. Rangel Gómez ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los miembros de pandillas que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos.
- Fabio Enrique Zavarse Pabón, División General de la Guardia Nacional Bolivariana, es el Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital de las Fuerzas Armadas Nacionales y también dirigió las Fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabon es presuntamente responsable de actos de represión por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes callejeros en Venezuela.
- Gerardo José Izquierdo Torres , General de División del Ejército, es el Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Frontera Presidencial. Supuestamente ha utilizado sus posiciones para sacar provecho de la corrupción a expensas del pueblo venezolano.
El comunicado del Departamento del Tesoro
Treasury Sanctions Four Venezuelan Government Officials Associated with Corruption and Oppression
Washington – Today, acting pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated four current or former Venezuelan government officials associated with corruption and repression in Venezuela.
“President Maduro and his inner circle continue to put their own interests above those of the Venezuelan people,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin. “This action underscores the United States’ resolve to hold Maduro and others engaged in corruption in Venezuela accountable. We call on concerned parties and international partners around the world to join us as we stand with the Venezuelan people to further isolate this oppressive regime.”
These designations, all against senior military officers, highlight that corruption and repression continue to flourish under the Maduro regime, both by those in current government positions and former officials who continue to benefit from a corrupt system, even as Venezuela’s citizens, economy, and constitutionally enshrined democratic institutions languish. Most recently, following mayoral elections in which his United Socialist Party of Venezuela all but swept a largely uncontested field, Venezuelan President Nicolas Maduro threatened to ban political parties that boycotted the elections from future involvement in the political process. Venezuela’s illegitimate Constituent Assembly subsequently issued a decree that made good on the threat and effectively stripped three of Venezuela’s influential opposition parties of their right to participate in next year’s presidential election. Through their own continuing actions, the four officials designated today have forsaken the professional republican mission of the military institution, which, per Venezuela’s 1999 Constitution, is to be “with no political orientation … and in no case at the service of any person or political partisanship.”
As a result of today’s actions, all assets of the following current or former officials of the Government of Venezuela that are subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from dealing with them.
