Las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el mandatario Nicolás Maduro aspirará a la reelección, se realizarán el próximo 22 de abril, de forma anticipada, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Se convocan las elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018», informó este martes la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en una comparecencia transmitida por la televisión oficial.
El esperado anuncio se produjo luego de que fracasara una negociación entre el gobierno y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en Santo Domingo, para firmar un acuerdo que incluía la fecha y garantías de los comicios.
«A pesar de que no se firmó el acuerdo necesario y tan esperado (…), podemos afirmar que no hay caminos a la paz, que la paz es el camino, el único para recuperar la convivencia democrática», agregó Lucena.
La fecha no fue sorpresa. Al anunciar el fracaso de dos meses de diálogo, el presidente dominicano, Danilo Medina, explicó que las partes habían acordado el martes que los comicios fueran el 22 de abril, tras un estira y encoge en el que el gobierno proponía el 8 de marzo y la MUD el 10 de junio.
Pero la oposición presentó este miércoles observaciones al texto -mientras Maduro dijo que solo firmaría el documento» que estaba sobre la mesa el martes-, explicó el mandatario dominicano.
En un mitin en Caracas, Maduro fustigó a la MUD por no firmar, según él por orden de Estados Unidos, y ante las cámaras estampó su rúbrica en una copia del documento: «Que se cumpla en todas sus partes el acuerdo, tengo palabra, he firmado», dijo.
El principal negociador de la MUD, Julio Borges, había emplazado al gobierno a no cometer «el absurdo error de convocar unas elecciones de forma unilateral».
Borges consideró que las observaciones de la oposición al documento buscaban garantizar «unas elecciones libres».
El único rector del CNE cercano a la oposición, Luis Emilio Rondón, aseguró que lo precipitado de la elección impide que se garantice el «ejercicio de los derechos políticos».
«Contra las cuerdas»
Pese a su impopularidad de 70% ante la grave crisis, con hiperinflación y aguda escasez de alimentos y medicinas, Maduro tiene posibilidades de reelegirse, según analistas, pues cuenta con un sólido apoyo institucional que incluye a los militares, una fuerte política de subsidios y un adversario dividido y frágil.
Las presidenciales fueron adelantadas por la oficialista Asamblea Constituyente para antes del 30 de abril, descolocando a una oposición que aún no decide si irá a los comicios con candidato de consenso o con varios, o incluso si participará.
«En el escenario que se plantea, con el actual poder electoral, está claro el triunfo de Maduro, a no ser que la oposición logre alguna decisión unitaria», aseguró a la AFP la politóloga Francine Jácome.
Jácome considera que actualmente la oposición carece de liderazgo. Sus principales dirigentes, Leopoldo López y Henrique Capriles, están inhabilitados políticamente.
«Si el enemigo está contra las cuerdas, termina de darle el nocaut. La oposición debe aceptar que con el fracaso del diálogo se cierra un ciclo», comentó por su parte el politólogo Leandro Area.
A su juicio, la MUD «debería recomponerse, crear un nuevo liderazgo, pero no debería ir a la elección» porque no se resolvieron las condiciones».
Lucena precisó que la campaña se realizará del 2 al 19 de abril, aunque el gobierno viene realizando mítines desde que la Constituyente anunció el adelanto de los comicios.
«El 22 de abril les vamos a ganar y a partir del 22 de abril (…) lo que viene es más revolución», dijo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
La letra menuda
Según Medina, durante el diálogo la MUD demandó la liberación de «personas detenidas» y la habilitación de partidos políticos a los que el poder judicial y electoral -acusados de servir al chavismo- excluyeron recientemente de los comicios.
Según pudo leer la AFP, el borrador del acuerdo -que contó con la mediación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero- incluía la observación internacional de la ONU, auditorías y actualización del registro de votantes para incluir a los miles que emigraron en los últimos meses.
Además, la reapertura de centros electorales en zonas opositoras, suspendidos por el CNE en los comicios de gobernadores y alcaldes en 2017, y el acceso equitativo de los partidos a medios de comunicación.
«Una cosa es una invitación, que era ese documento, y otra el documento nuestro, que es la articulación clara de estos derechos», dijo Borges sobre su contrapropuesta.
Para Area y Jácome, el fracaso del diálogo dejaría a una oposición más dividida y a un gobierno «más aislado».
afp
