«La sala le concedió la rebaja de la mitad de la pena al reconocer que el abogado Luis Gustavo Moreno –-pedido en extradición por Estados Unidos- aceptó cargos en la imputación de cargos», indicó una fuente de la Corte Suprema de Justicia en un mensaje a periodistas
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este miércoles a al menos tres años y seis meses de prisión al exjefe de la fiscalía anticorrupción, pedido en extradición por Estados Unidos por supuesta participación en una trama de sobornos.
La sala penal del alto tribunal emitió la sentencia contra el abogado Luis Gustavo Moreno por los delitos de concusión y utilización ilícita de información privilegiada.
«La sala le concedió la rebaja de la mitad de la pena al reconocer que aceptó cargos en la imputación de cargos», indicó una fuente de la corte en un mensaje a periodistas.
Posteriormente, el tribunal aseguró en otro mensaje que va a «reexaminar» en la siguiente sesión los años de la condena porque «al parecer» hubo un error en el cálculo del tiempo que deberá pasar en prisión, que podría aumentar.
Moreno fue detenido el 27 de junio en Bogotá, cuando aún era el director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, por una orden internacional de arresto que lo señalaba de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.
La Corte Suprema avaló en noviembre la extradición del exfiscal a Estados Unidos, donde una Corte del Distrito Sur de Florida lo señala de asociación para delinquir, fraude y lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de obtener altas sumas de dinero del exgobernador del departamento colombiano de Córdoba (norte), Alejandro Lyons, por incidir en investigaciones en las que el exmandatario está señalado de malversación de fondos.
El gobierno colombiano debe aprobar la extradición de Moreno para que sea efectiva. El alto tribunal la condicionó a que Estados Unidos lo mantenga disponible para que rinda testimonio en caso de que sea necesario en desarrollo de procesos judiciales en el país. AFP