El gobierno español anunció este viernes una prórroga de un año para la ley que facilita a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 obtener la nacionalidad española, a la que se han acogido cerca de 6.500 personas.
Aprobada en 2015 por el Congreso español para reparar «un error histórico», la ley estableció un periodo de tres años para aceptar las solicitudes de los sefardíes para ser naturalizados como españoles, que vencía en octubre.
«Lo que ha acordado el consejo de ministros a petición de las asociaciones de sefardíes es a partir de octubre una prórroga de un año más», indicó en rueda de prensa el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Desde su entrada en vigor, se han acogido a la ley «6.432 personas, que tienen la nacionalidad española sin renunciar a su otra nacionalidad», dijo Méndez de Vigo.
El nuevo plazo se estableció ante «las dificultades» que tienen los solicitantes para obtener «la documentación de los países de origen y por el tiempo que se necesita para superar las pruebas» de castellano y conocimientos sobre España, explicó el acuerdo del consejo de ministro.
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, detalló el lunes pasado en el Senado que la mayoría de las solicitudes han provenido de Israel, México, Colombia, Turquía o Venezuela.
Antes de aprobarse la ley, para obtener la nacionalidad los sefardíes tenían que residir dos años en España o recibir una carta de naturaleza del consejo de ministros, y en la mayoría de los casos tenían que renunciar a su otra nacionalidad.
Las estimaciones varían, pero según los historiadores, al menos 200.000 judíos vivían en España cuando los Reyes Católicos ordenaron su expulsión en 1492.
Luego de haber convivido durante siglos con musulmanes y cristianos, los judíos sefardíes -judíos de España en hebreo- tuvieron que abandonar su territorio en unas semanas con la prohibición de volver, bajo pena de muerte.
AFP