Estados Unidos cuestionó el jueves la «legitimidad» del gobierno de Nicolás Maduro para pedir financiamiento en nombre de Venezuela, sumida en una severa crisis política y económica, e instó a la comunidad internacional a identificar a funcionarios venezolanos corruptos.
«Los acreedores, privados o públicos, que proporcionen un nuevo financiamiento al régimen de Maduro están prestando a un gobierno que carece de legitimidad para pedir prestado en nombre de Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tras reunirse con representantes de América, Europa y Japón.
«Se necesitan acciones concretas para restringir la capacidad de funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo de abusar del sistema financiero internacional», dijo Mnuchin en un comunicado, en el que citó información de inteligencia sobre el desvío de fondos en el programa de distribución de alimentos de Maduro.
El gobierno de Donald Trump considera a Venezuela «una dictadura» y no reconoce las próximas elecciones de mayo, en las que Maduro busca la reelección. Mnuchin afirmó que sus políticas destruyeron la economía de la potencia petrolera y provocaron el éxodo de cientos de miles de venezolanos.
Visto el declive en la producción de crudo de Venezuela y el incumplimiento por parte de Caracas de sus obligaciones externas, la recuperación de la crisis «tomará tiempo y requerirá un apoyo externo significativo», apuntó.
Tras reunirse en Washington con funcionarios de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y Reino Unido, Mnuchin dijo que estos países respaldarían un cambio político en Caracas.
«Reconocieron que un gobierno en Venezuela que tenga el apoyo de la región y esté dispuesto a promulgar políticas económicas para devolver la prosperidad al pueblo venezolano, recibiría el apoyo de la comunidad financiera internacional», señaló.
Los países acordaron coordinar acciones para alistar herramientas de la comunidad internacional para aplicarlas rápidamente llegado el caso, añadió.
Washington ya impuso duras sanciones financieras a funcionarios y entidades venezolanos, impidiéndoles acceder al crédito internacional a través de los mercados estadounidenses, así como negociar el petro, la criptomoneda lanzada por Caracas.
En la reciente Cumbre de las Américas en Lima el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pidió más medidas económicas para aislar al gobierno de Maduro.
«Las políticas del régimen del presidente Maduro tienen consecuencias que se extienden más allá de las fronteras de Venezuela, amenazando la estabilidad regional y la seguridad nacional», afirmó Mnuchin el jueves.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre la escasez de todo tipo de bienes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el martes que prevé para este año una contracción del crecimiento de 15,0% y una inflación superior al 13.000%.
«Solución democrática»
Panamá, adonde emigraron decenas de miles de venezolanos, busca «una solución democrática» para Venezuela, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, después de la reunión.
El gobierno está tomando medidas «para proteger el sistema financiero panameño y evitar que no sea utilizado para actividades ilegales», declaró a periodistas.
Panamá publicó en marzo una lista de funcionarios venezolanos y sus testaferros, entre ellos Maduro, señalados por la comunidad internacional como responsables de potenciales actividades ilícitas, lo cual provocó una crisis diplomática con Caracas, que suspendió por tres meses las relaciones económicas con un centenar de empresas panameñas.
Autoridades estadounidenses anunciaron en tanto el jueves que un exejecutivo de la petrolera venezolana estatal PDVSA se declaró culpable en Estados Unidos de blanqueo de dinero a través de un plan internacional de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia dijo que César David Rincón Godoy, de 50 años, un venezolano extraditado a Houston desde España, había sido acusado en una larga investigación que involucraba sobornos pagados por compañías estadounidenses a funcionarios del gobierno venezolano para asegurarse contratos de energía y prioridad en pagos de abultadas facturas.
La sentencia debe ser anunciada el 9 de julio. Hasta ahora, 11 funcionarios se han declarado culpables.
AFP
