Unas 750 personas están encarceladas u obligadas a presentarse periódicamente a tribunales en Venezuela tras protestar por el desabastecimiento de alimentos, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos, al lanzar una campaña por la liberación de opositores presos.
«Hay una nueva categoría: presos políticos del hambre (…). Más de 750 personas están privadas de libertad o sometidas a regímenes de presentación por haber participado en protestas por comida», dijo en rueda de prensa Inti Rodríguez, representante de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Rodríguez estimó que los casos van «a seguir en aumento» ante el crecimiento de manifestaciones por la escasez de alimentos básicos y medicinas, y por fallas en servicios como agua y luz, cuando los venezolano enfrentan además una hiperinflación estimada en 13.800% por el FMI para 2018.
Varias ONG -críticas del gobierno- lanzaron este jueves la campaña «Libérenlos», en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en votaciones desconocidas por la oposición y varios países de América y Europa.
«Se mantienen 302 presos políticos», 79 de los cuales son militares, advirtió Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, al referirse a los arrestados por razones meramente políticas.
Romero cifra el número de excarcelaciones en 52, aunque 80 personas han salido de la cárcel en la última semana luego de que Maduro ofreciera liberaciones en casos de «violencia política» en lo que llamó una «política de pacificación».
Sin embargo, Foro Penal -que da asistencia legal a opositores en prisión- sostiene que la lista ha sido abultada con acusados por delitos como estafa, secuestro o robo, así como también por integrantes de «colectivos», grupos civiles afines al gobierno que según la oposición están armados.
Romero destacó que los excarcelados quedan sujetos a medidas como prohibición de salida al exterior o presentación periódica a tribunales. Solo uno cuenta con «libertad plena», apuntó.
De acuerdo con Provea, por otra parte, casos de tortura, allanamientos ilegales o tratos crueles por parte de agentes de seguridad aumentaron 411% entre 2016 y 2017, con 7.357 denuncias el año pasado.
«Es el reflejo de la respuesta bélica» del gobierno ante las protestas, expresó Rodríguez.
Provea calcula que 211 personas han muerto en el marco de manifestaciones desde que Maduro asumió el poder en abril de 2013, tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez.
El gobierno asegura que Provea y Foro Penal son ONG ligadas a la oposición.
AFP
