Líderes de La Vega, Catia y Artigas aseguran que después del 20-M los CLAP disminuyeron el control político mediante el carnet de la patria
La falta de políticas económicas que eliminen la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017 y la promesa incumplida de resolver los principales problemas de las comunidades han provocado un gran descontento en los sectores populares, afirman líderes sociales de La Vega, Catia y Artigas.
En el barrio Los Mangos, parte alta de La Vega, hay una base de misión socialista que defendió al presidente Nicolás Maduro y amenazó a quienes no lo apoyaban, sin embargo, la ausencia de respuesta a las ayudas que han solicitado por la desnutrición en el sector ha causado decepción en el liderazgo de base del PSUV.
Uno de sus integrantes admitió que, pese a la lealtad que han tenido, nunca han sido atendidos por el Estado. “Hemos ido a presentar propuestas, como lo ha pedido el presidente. Nos reciben en los ministerios y nos dicen que debemos hacer un censo en la comunidad y cuando lo entregamos, la respuesta es ‘no tenemos recursos’. Entonces cuándo es que el pueblo contará con ellos. Ya hemos dado todo por la revolución”, aseveró.
Uno de los vecinos de Los Mangos, que prefirió resguardar su identidad por seguridad, contó que hasta hace meses eran amedrentados por estas personas afectas al chavismo “pero la miseria también tocó sus puertas y abrieron los ojos”.
Asegura que la fuerza oficialista ha disminuido notablemente: “Antes nos prohibían hacer eventos que no se pareciesen a su proyecto político. Han entendido que si no trabajamos en conjunto, no encontraremos soluciones para nuestra comunidad, esas que no da ni dará Maduro”.
En Artigas ocurre algo similar. Los simpatizantes del presidente y su gabinete están opacados y desilusionados. “Los afectos a Maduro ya no tienen el mismo ímpetu que antes, cuando amenazaban con la bolsa o con quitar la pensión si apoyabas otra opción. Eso se acabó”, expresó un líder comunitario. Aseguró que el comportamiento pacífico de los oficialistas se comenzó a notar después de las elecciones del 20 de mayo.
Desde ese momento, el carnet de la patria pasó a un segundo plano y el control político que ejercían a través de ese mecanismo se redujo en La Vega, Catia y Artigas.
Cuando Maduro implementó el carnet de la patria el año pasado, los voceros obligaron a los ciudadanos a presentarlo como requisito fundamental para venderles la caja de comida. También les exigieron votar en las adyacencias de su lugar de residencia para que los comités locales los chequearan con una lista y escanearan sus carnets el día de los comicios.
“El gobierno utilizó a sus bases para que amenazaran a las comunidades con el carnet de la patria. Pero ahora que Maduro se reeligió y se dan cuenta de que los problemas se han agudizado y no hay intención de mejorar el país, dejaron de exigir el carnet para comprar el CLAP. Dejaron de creer”, dijo Manuel Hernández, líder de La Vega y vocero de un consejo comunal.
Indicó que en las últimas semanas se han reunido con sectores chavistas para trabajar en conjunto en favor de la comunidad y la respuesta ha sido positiva.
A pesar de ello, alertó que hay un grupo radical minoritario del PSUV que quiere continuar la política de persecución e instalar comunas con el propósito de controlar y recuperar el poder que han perdido.
Un dirigente comunitario de Catia aseguró que el carnet solo se utiliza cuando Maduro decreta los bonos. Resaltó que los que poseen este documento no asisten a las reuniones para hablar sobre los problemas de la comunidad sino en el momento que les ofrecen un beneficio económico, porque es el que les permite satisfacer un poco las necesidades de su núcleo familiar: “Sabemos que es una migaja y una política que no promueve el trabajo, sino que la gente se acostumbre a recibir sin hacer nada. El gobierno perfeccionó una política que le llevó años. Primero acabó con las empresas de alimentos, fábricas y laboratorios. Después dejó de importar. Es decir, nos cortaron un pie y nos dieron unas muletas, que son los CLAP y el 0800SaludYa, y luego dijeron que caminábamos por las muletas”, argumentó.
Andrea Rondón, directora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice, asegura que, independientemente de que ahora no coaccionen como hasta hace dos meses, el mecanismo de control continúa siendo peligroso y ayuda a que su uso arbitrario se afiance.
Recordó que el carnet de la patria no tiene ningún tipo de asidero legal y fue diseñado para ejercer control sobre dos elementos relacionados con el derecho a la vida: la salud y la alimentación.
Rondón sostuvo que es muy difícil cuestionar a quien utilice los bonos para comprar los productos más necesarios porque las medidas políticas de expropiación y destrucción del aparato productivo y la propiedad privada que se han aplicado desde 2007 han conducido a que la sociedad dependa del Estado.
“No le puedes decir a la gente que escoja entre inscribirse o morirse de hambre o de la enfermedad que padece. No son mercantilistas por aceptar el bono. El modelo que se instauró en Venezuela acabó con el mercado y el sector privado”, aseveró.
Fuente:El Nacional
