Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos será denunciado el gobernador Rafael Lacava. Los vicerrectores y decanos de la Universidad de Carabobo lo acusarán de violar sistemáticamente derechos fundamentales mediante uso exagerado del poder, como la libertad sin violencia de género, la autonomía universitaria y el derecho a la verdad, así lo reveló Carolina González en El Carabobeño.
A través de un comunicado, los vicerrectores José Angel Ferreira, administrativo; y Ulises Rojas, académico, y los decanos de las siete facultades, rechazaron la actitud soez, difamatoria, carente de pruebas, que constituyen un certero ataque no solo a la rectora Jessy Divo y al decano Pablo Aure, sino a la autonomía universitaria y, sobre todo, a la verdad.
Lacava, en su acostumbrado estilo acusatorio, ha hecho señalamientos contra ambas autoridades universitarias, a las que acusa de corrupción y de malos manejos administrativos que según él han derivado en la crisis que actualmente enfrenta la UC. Se le critica al mandatario que obvie el detalle de la asignación presupuestaria de la casa de estudios, disminuida sustancialmente y desde hace años por el Gobierno nacional.
Vicerrectores y decanos ven en la actitud del mandatario regional una conjura similar a la que se concretó contra la Universidad Central de Venezuela, que fue intervenida y destituido el recordado rector Jesús María Bianco Torres por el Consejo Nacional de Universidades Provisorio, a finales de 1970.
A continuación el comunicado:
Pronunciamiento de los vicerrectores y decanos
Los vicerrectores académico y administrativo y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Educación, Odontología y Ciencias y Tecnología, queremos expresar nuestro público rechazo a la actitud soez, difamatoria y carente de pruebas, por parte del gobernador del estado Carabobo hacia las autoridades de nuestra casa de estudios profesores Jessy Divo de Romero y Pablo Aure, rectora y secretario respectivamente, de la Universidad de Carabobo.
La grave inculpación, consistente en señalamientos sobre presuntos hechos punibles, conspiración y malos manejos administrativos, acompañados de lenguaje procaz, “visitas” al domicilio de la ciudadana rectora por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), son exponentes de una campaña agresiva que busca descalificar, perseguir y presentar una imagen diametralmente opuesta tanto de las personas como de la institución ucista.
Los señalamientos realizados en contra de las autoridades universitarias son motivo de alarma para la propia Universidad y menoscaban los valores familiares, la moral pública y las buenas costumbres, amén de contrariar los principios republicanos lo cual, con base en el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, consagrados en nuestra Constitución, nos obliga a hacer un llamado a nuestros pares académicos a escala internacional, solicitando de inmediato pronunciamiento en este sentido a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), a la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU), a las universidades europeas y a la propia Unesco acerca del proceso inédito que se está viviendo.
Así mismo, acudiremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar como se han violado sistemáticamente derechos fundamentales mediante uso exagerado del poder, entre ellos, la libertad sin violencia de género, la autonomía universitaria y el derecho a la verdad.
Alertamos a todos acerca de que en contra la Universidad de Carabobo se está fraguando una conjura como ocurrió en la Universidad Central de Venezuela cuando fue intervenida y destituido el recordado rector Jesús María Bianco Torres por el Consejo Nacional de Universidades Provisorio, a finales de 1970.
Hacemos un llamado institucional a las universidades hermanas de Venezuela para que estén en pie de lucha ante posibles escenarios análogos que puedan presentarse, con la finalidad de intervenir mediante subterfugios en el gobierno universitario.
Ratificamos más que nunca, la defensa de la universidad autónoma, democrática y popular.
En Valencia a los 11 días del mes de Julio del año 2018.
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