El Estado panameño enfrenta demandas por más de 3.360 millones de dólares entabladas por centenares de víctimas de un envenenamiento masivo con un jarabe distribuido hace más de una década por la Caja de Seguro Social (CSS), informó este miércoles el procurador de la Administración, Rigoberto González.
EFE
El abogado del Estado panameño explicó que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha aceptado a trámite 475 demandas presentadas por víctimas del llamado “jarabe de la muerte”, y que estas suman “más 3.363 millones de dólares”.
En total, han sido presentadas 495 demandas, de las que se rechazaron dos decenas, dijo el procurador, que recalcó que su rol es “defender los intereses del Estado, en este caso de la Caja de Seguro Social”.
El monto de las causas admitidas representa alrededor de la mitad del presupuesto anual del Seguro Social, y la Procuraduría se abocará a “mitigar en lo posible la cuantía que se está exigiendo” si los casos llegan a la fase de pruebas, dijo el funcionario durante una entrevista con la televisión local Telemetro.
“El papel que está asumiendo la Procuraduría de la Administración no significa que tengamos una posición en contra (de los derechos de los afectados) en materia de la atención especial” que merecen, recalcó González.
El Estado panameño ha reconocido hasta ahora alrededor de 1.440 víctimas, de las cuales 854 son sobrevivientes, y el resto ha fallecido, de acuerdo con datos de un comité de afectados que dirige Gabriel Pascual.
“En el 2018 han muerto 20 humildes panameños por culpa del jarabe (…) estas personas han muerto sin ver la justicia que nosotros esperábamos”, dijo Pascual a Efe el pasado 17 de octubre en el marco de una multitudinaria misa en la capital panameña para recordar los 12 años del envenenamiento masivo.
En el 2003 la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina con la que elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano, del que se distribuyeron por el país más de 200.000 frascos, y el en 2006 se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Varios exfuncionarios del Seguro Social han sido procesados y sentenciados a prisión por este caso.
El Gobierno panameño creó en julio pasado una comisión de alto nivel para garantizar la “atención medico-hospitalaria, social y económica” de los afectados por el dietilenglicol, afirmó entonces Pascual a Efe.
