En un comunicado, la principal patronal venezolana reitera que las políticas económicas emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro «han provocado que 2018 cierre como el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país».
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una acuciante crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que cerrará este 2018 en más de dos millones %, según cálculos del Parlamento y el próximo en 10 millones %, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para hacer frente a esta situación, Maduro lanzó en agosto pasado un paquete económico con medidas como incrementos salariales exponenciales, una reforma tributaria y una reconversión monetaria, que instauró a su vez un nuevo cono monetario.
Según Fedecámaras, las consecuencias de estas medidas se reflejan en la caída del Producto Interno Bruto (PIB) «de nuevo en más del 15 %, acumulando una caída en los últimos cuatro años de más del 56 %», la reducción «a la mitad» de la economía nacional y el aumento en la lista de empresas extranjeras que, señalan, «abandonan» el país.
Apuntan además que «más del 50 % del parque industrial venezolano que continúa operando trabaja a menos del 20 % de su capacidad operativa» y que solo en 2018 «ha cerrado cerca de 40 % de los comercios».
Otros dos sectores que señala la patronal son el de la construcción, que «se encuentra paralizado en 95 %» y el agropecuario que «solo logra abastecer el 25 % del consumo nacional de alimentos».
Fedecámaras destaca el «acelerado empobrecimiento» de la población ante la que, señalan, «el Estado se muestra indolente y decide profundizar el mismo modelo político, económico y social» que consideran la causa de los «embates» que sufre la población del país caribeño.
«El salario se pulveriza día a día junto con el patrimonio de las empresas y de los ciudadanos» lo que a su vez, explica Fedecámaras, incremente los ya «altos índices de escasez de alimentos, de medicinas, junto al colapso de los servicios públicos».
Fuente: Laverdad.com