La muerte del expresidente peruano Alan García, quien este miércoles se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción, ha conmocionado a Perú y agrava el impacto de la crisis generada por el caso Odebrecht.
García falleció a los 69 años, mientras era operado en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, de Lima, de las graves heridas causadas por el disparo que se dio cuando policías y fiscales llegaron a su casa con una orden de detención en su contra.
Esa orden se emitió a pedido del fiscal José Domingo Pérez después de que este domingo se difundiera que Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que el exsecretario presidencial Luis Nava, y su hijo José Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Alan García fue ingresado en medio de una gran confusión en el centro médico a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.
El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante presentaba un disparo de arma de fuego «con orificio de entrada y salida» en el cráneo y que todos los médicos del Casimiro Ulloa participaron en la operación que intentó salvarle la vida.
Un comunicado posterior del nosocomio detalló que García murió a las 10:05 horas (15:05 GMT), tras haber recibido el diagnóstico de un traumatismo cráneo encefálico grave «por proyectil de arma de fuego y hemorragia incontrolable de base de cráneo».
«Su deceso se produjo producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio», señaló el comunicado antes de expresar «las condolencias a los familiares».
Su muerte, además de haber consternado a los peruanos, sembró la incertidumbre sobre la situación política en el país y el impacto del caso Odebrecht, debido a las acusaciones de representantes del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideraba el expresidente, contra la Fiscalía, medios de comunicación y el Gobierno.
El congresista aprista Mauricio Mulder declaró que esta tragedia es «la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros».
«La historia de sus biografías quedará escrita en páginas muy escondidas y letras muy pequeñas», agregó.
Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso, y la excongresista y exministra del Interior Mercedes Cabanillas coincidió en acusar al Ministerio Público de abusar de su autonomía para perseguir a personajes como García.
Tras conocerse la situación, grupos de militantes apristas llegaron hasta las afueras del hospital y protagonizaron algunos altercados con la Policía mientras acusaban a la Fiscalía y a medios de comunicación de haber presionado a García con sus denuncias.
Ante la confusión generada por el trágico suceso, el ministro del Interior, Carlos Morán, defendió la actuación de las autoridades y detalló que la detención fue ordenada por el juez José Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
El ministro relató que el operativo estuvo a cargo del fiscal Henry Amenábar y un grupo de agentes que se identificaron ante García y le informaron que iba a ser arrestado.
El exmandatario pidió entonces un momento para hacer una llamada a su abogado y subió a su habitación, en el segundo piso, de su vivienda, donde se encerró y «a los pocos minutos se escuchó un disparo de arma de fuego».
«La Policía forzó la puerta y encontró a García en posición sentada y con una herida en la cabeza», detalló Morán.
El ministro explicó que el exgobernante fue trasladado de inmediato al hospital y dijo que «la intervención de la Policía se ha apegado a protocolos establecidos, apoyada en una diligencia ordenada por un juez en el marco de un caso emblemático como es el de Odebrecht».
Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del Partido Aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.
Además, del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, así como de otros cinco exfuncionarios de su segundo gobierno.
El anuncio de la muerte de García fue hecho en primer lugar por su secretario personal, Ricardo Pinedo, a los medios que esperaban en los exteriores del hospital y casi de inmediato fue confirmado por el presidente Vizcarra, en su cuenta oficial en Twitter.
«Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos», escribió Vizcarra, quien no ha emitido otro pronunciamiento. EFE
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