La violencia política costó la vida a por lo menos 648 personas en Colombia en 2018, cifra que hace parte de un universo de 2.252 víctimas de algún tipo de violaciones de derechos humanos, según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentado este jueves en Bogotá.
Según el informe «Violencia camuflada. La base social en riesgo», además de los asesinatos, fueron contabilizados 1.151 casos de amenazas de muerte, 304 de lesiones físicas, 48 atentados, 22 desapariciones y tres agresiones sexuales, entre otros delitos.
El director del Cinep, Luis Guillermo Guerrero, aseguró que «los mecanismos de silenciamiento de las víctimas y de impunidad instaurados impiden recoger la totalidad de estos hechos».
«Vemos una regresión en la historia de estos procesos», afirmó Guerrero, quien explicó que estas cifras pueden quedarse cortas frente a las de la Defensoría del Pueblo, que vela por el respeto a los derechos humanos en el país.
La Defensoría del Pueblo de Colombia registró un total de 172 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2018, cifra que está dentro del total de muertes causadas por la violencia política.
En lo que respecta a los victimarios, el Cinep, centro de investigación social de la comunidad jesuita, señaló que hay un creciente anonimato de los responsables de estos crímenes, si bien atribuye más de la mitad de los casos (722) a grupos paramilitares.
Los casos en los que no se sabe quién es el responsable de los ataques suman 1.126, según el informe.
Uno de los colectivos que más ha sufrido la violencia política son los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones de base que impulsan procesos comunitarios principalmente en barrios y zonas rurales y que en 2018 sufrieron 94 asesinatos.
Según Guillermo Cardona, miembro de la Confederación Nacional de Acción Comunal, estos asesinatos se deben a que los miembros de las juntas «ejercen derechos constitucionales en el territorio».
«A los comunales y a los dirigentes sociales los asesinan por ejercer derechos. Ya no importa la militancia política», señaló en referencia a la violencia, principalmente contra las fuerzas de izquierda, que ha caracterizado al país en las últimas décadas.
En este sentido, el informe del Cinep asegura que «la tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social».
Además de los miembros de las JAC, el Cinep también señala otros colectivos que sufren esta violencia: reclamantes de tierras, miembros de resguardos indígenas, ambientalistas, comités de víctimas y excombatientes y militantes del partido FARC, surgido tras la desmovilización de esa guerrilla gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
Más allá de los casos de violencia, Cardona dijo que la estigmatización de los dirigentes comunales funciona como «gatillo» contra ellos, y criticó que no haya «una sola política pública para proteger a las organizaciones», más allá de los esquemas de seguridad.
El sacerdote jesuita Javier Giraldo, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Cinep, alertó sobre la eliminación de líderes sociales y sobre la «metamorfosis» en los victimarios, que cada vez son más anónimos. EFE
