La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia se frenó en 2018 pero la cifra de hectáreas sembradas sigue en máximos históricos pese a que pasó de 171.000 en 2017 a 169.000 el año pasado, según el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgado este viernes.
La dinámica de crecimiento comenzó en 2014 y llegó a su pico más alto en 2017, cuando esa oficina registró que los sembradíos crecieron un 17 % hasta alcanzar una cifra récord de 171.000 hectáreas, 25.000 más que en 2016.
Esos índices tan elevados han generado fricciones entre Estados Unidos y Colombia, socio estratégico en Suramérica, que ha llevado al presidente Donald Trump a reprochar en varias ocasiones la situación e incluso a criticar una vez a su homólogo Iván Duque por su política antidrogas.
Es por eso que el representante de la UNODC, Pierre Lapaque, celebró, al presentar el informe junto al presidente Duque, que la tendencia se haya «interrumpido», aunque señaló que los cultivos siguen en niveles históricos por «un efecto de compensación».
«La coca se redujo en nueve departamentos pero los incrementos en (los departamentos de) Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), Bolívar (norte) y Cauca (suroeste) compensaron esta reducción», explicó.
Algunas de las zonas críticas que mencionó son los municipios de El Tambo y Argelia, en el departamento del Cauca; de La Gabarra, en Norte de Santander, y de Tarazá y Valdivia, en Antioquia (noroeste), según los datos difundidos por Lapaque.
El reto al que se enfrentan allí las autoridades es la «profesionalización» e «industrialización» del cultivo de coca por parte de grupos criminales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la banda más grande que surgió de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Es por ello que el representante de la UNODC consideró necesario que se consoliden «escenarios propicios para la legalidad y el desarrollo, así como desarticular y expulsar los grupos dedicados al narcotráfico en estos territorios», que hacen contrapeso a los esfuerzos de las autoridades para enfrentar los cultivos ilícitos.
Como ejemplo puso al departamento cafetero de Caldas, que este año fue declarado «libre de cultivos de coca», aunque contrastó esa situación con los Parque Nacionales Naturales y los resguardos indígenas, «que desafortunadamente tienen el 47 % de la coca, pero que deben ser protegidas de manera particular por su riqueza cultural y biológica».
El Gobierno asegura que una de las formas para reducir esa cifra es la aspersión aérea de glifosato, un potente herbicida cuyo uso para erradicar los sembradíos de coca está suspendido desde 2015 por una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que lo ordenó luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyera entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos.
Sin embargo, ese fallo -revisado el mes pasado por solicitud del Gobierno y tras lo cual la Corte reiteró la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre la reanudación de las aspersiones- señala que no se puede fumigar en Parques Nacionales Naturales, reservas naturales, páramos o cerca a yacimientos de agua.
También existe una restricción para las regiones fronterizas después de que Ecuador demandara a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por los efectos que tenían sobre su territorio.
Pese a ello, el presidente Duque manifestó este viernes que esa debe ser una de las herramientas de la «política de carácter integral» del Gobierno para enfrentar este problema, que incluye además la sustitución, la erradicación, el desarrollo alternativo y el pago por servicios ambientales, entre otros.
«Al finalizar el 2018 se paró esa tendencia de crecimiento exponencial y seguiremos nosotros avanzando (…) Se requiere la combinación de todas las herramientas, esa es la otra conclusión que nos deja este reporte», añadió el mandatario.
El Gobierno, explicó Duque, también ve clave seguir enfrentando a los grupos armados ilegales y carteles que manejan los «cultivos industriales de coca» para hacerle frente a este problema.
«Son amenazas al territorio porque quieren hacer del narcotráfico su mayor fuente de ingreso y por supuesto con esos recursos intimidar a la población y pretender también capturar escenarios de poder político local. Por eso también seguimos enfrentando esas estructuras con toda la determinación», apostilló el presidente.
Este estudio se ha hecho público semanas después de que la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su siglas en inglés) divulgara un informe según el cual las hectáreas de coca sembradas en Colombia tuvieron un ligero descenso del 0,5 % el año pasado al pasar de 209.000 a 208.000. EFE
