La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que la «amenaza» del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar «un bloqueo o una cuarentena» al país suramericano «no tiene ningún tipo de sustento jurídico internacional».
En declaraciones a la emisora Unión Radio, Rodríguez dijo que el anuncio de Trump de considerar aplicar «un bloqueo o cuarentena» a Venezuela es «una de las mayores amenazas» contra su país y que viola la Carta de Naciones Unidas.
«Todo el proceso de agresión contra nuestra patria no tiene ningún tipo de sustento jurídico internacional», declaró, al tiempo que dijo que es una muestra de que la Administración de Trump ha llegado «a los niveles de locura máximos».
Rodríguez sostuvo que una muestra de esta estrategia es el caso que envuelve a la minera canadiense Crystallex que obtuvo en un tribunal de EE.UU el embargo de las acciones de PDV Holding (PDVH), la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense.
Para la funcionaria, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «sigue siendo un objetivo geopolítico imperial», por lo que EE.UU ha puesto en marcha «un golpe jurídico a través de fraude procesal».
Reiteró las denuncias en contra del procurador ad-hoc designado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), José Ignacio Hernández, y dijo que «ha debido inhibirse» en el caso de Crystallex, pues «hay conflictos de intereses» ya que supuestamente fue «representante» de la minera.
A pesar de la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro de vincular laboralmente a Hernández con Crystallex, el abogado dijo el miércoles en Twitter que la información es falsa y aclaró que fue consultado por un caso relacionado con la minera en 2017 como «testigo experto independiente de derecho venezolano».
Hernández afirmó que cuando asumió las funciones de procurador ad-hoc se separó «oportunamente de todo lo relacionado con este caso».
Rodríguez acusó a Trump de usar el reconocimiento al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela «para dar sustento» a las «acciones de despojo y de piratería contra los activos de Venezuela«.
«Es un ardid jurídico», dijo.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.
En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza. EFE
