Venezuela se convirtió hoy en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una comisión que investigará los presuntos abusos del gobierno, en aplicación de una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que Caracas ha advertido que no colaborará.
La resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú y Brasil, fue aprobada con diecinueve votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
«Efectivamente, permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela», destacó a Efe tras la aprobación de la resolución Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra y cuyo país fue uno de sus impulsores.
La comisión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos desde 2014 en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto de la resolución también condena «la extendida represión y persecución política en Venezuela», recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
La resolución, que contó con el voto favorable de España y otros países de la Unión Europea que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge por otro lado a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
En los márgenes del consejo, la representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Ginebra, María Alejandra Aristeguieta, dijo a Efe que el texto aprobado hoy «es un gran paso para continuar aumentando la presión internacional para que se pueda evidenciar lo que esta sucediendo en Venezuela».
Aristeguieta expresó su confianza en que la comisión esté formada por «expertos independientes con una larga trayectoria en el área de derechos humanos y de posibles crímenes de lesa humanidad» con el fin de «tratar de establecer si hay motivos para ir a la Corte Penal Internacional».
Por su parte, el embajador del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Jorge Valero, aseguró en el debate previo a la votación que la resolución era «una hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estado».
«Es una muestra palpable de lo que significan la manipulación y el uso politizado de este consejo y sus mecanismos», señaló, y adelantó que la formación de la comisión investigadora y otras medidas estipuladas por la resolución «no contarán con el consentimiento» del régimen de Maduro.
Valero también atacó a los países del Grupo de Lima que promovieron la resolución, a los que acusó de ser «vergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump» y de «seguir al pie de la letra las instrucciones del imperialismo norteamericano».
El embajador Foradori respondió a ello que el «imperio» al que han seguido a la hora de impulsar el texto fue «el imperio de la justicia, de la razón y del respeto profundo por los derechos humanos».
Entre los argumentos presentados por el Grupo de Lima para defender su iniciativa, la delegación chilena destacó que la región latinoamericana también se ha visto impactada por la crisis social, económica y política que vive Venezuela, por el éxodo de más de cuatro millones de venezolanos sobre todo a países vecinos.
Corresponderá ahora al presidente del Consejo de Derechos Humanos -actualmente el embajador senegalés Coly Seck- iniciar el proceso de formación de la comisión, que incluirá designar a sus miembros.
De manera general, este tipo de comisiones se crean frente a casos de crímenes generalizados en zonas de conflictos (Yemen, Siria, Palestina y Birmania, entre otros) y sus miembros suelen ser destacados activistas por las libertades fundamentales, entre ellos juristas, académicos o diplomáticos.
