Los maestros del municipio Sucre del estado Miranda realizaron una asamblea para debatir y acordar acciones en torno a la transferencia de maestros sin respetar los contratos colectivos y a los bajos salarios que perciben
Maestros del municipio Sucre, en el estado Miranda, realizaron una asamblea de calle el pasado viernes, 11 de octubre, para denunciar la transferencia de escuelas de media municipales a estadales, por ser violatorias a sus años de servicio y convertirlos en “esclavos”, tal como aseguran.
Los docentes adelantaron que en el municipio se lleva un proceso de transferencia de unas 8 escuelas de educación media y que con este traspaso se pretende desconocer los años de servicio y los cargos fijos que los profesionales ya habían adquirido en el sistema escolar municipal.
Por esta razón, se concentraron en la plaza Andrés Eloy Blanco, de La California, para reclamar sus derechos y acordar acciones ante la gobernación de Miranda y a la alcaldía de Sucre a fin de exigir el respeto al trabajo en el que tienen años.
Jenny Montilla, docente de la escuela Carmen Valverde, en La Dolorita, es uno de los testimonios de que esta acción. Relató que en la institución municipal en la que labora llamaron desde la Dirección de Gestión Escolar y los citaron a ella y un compañero para pedirles su renuncia al colegio municipal en el que ella está hace 9 años.
Montilla, como la mayoría de los docentes, también tiene cargo en otra escuela estadal y asegura que la medida busca bajar los costos de la Dirección Escolar de Sucre sacrificando el trabajo de los maestros y desmejorando sus condiciones.
Williams Piñero, dirigente sindical de Sitraenseñanza, aseguró que es legal que los miembros del magisterio tengan funciones compartidas en planteles de distintos niveles y que la propuesta de la Alcaldía desmejora más los ya mermados salarios y condiciones laborales de los educadores.
Piñero señaló que este proceso, del que al alcaldía aún no se ha hecho responsable, “viola la contratación colectiva y nos trata como esclavos”. “Y por supuesto estamos en contra, porque ya muchos de nosotros tenemos cargo en la gobernación de Miranda y qué van a hacer con el personal a punto de jubilarse con el personal que tiene años trabajando duro y en dos cargos”, se preguntó.
El maestro Alexeivi Sotillo lo explica mejor. Para él esta medida de migrar docentes de escuelas municipales a estadales es “un despido indirecto y una desmejora salarial, porque el contrato colectivo de las escuelas municipales es menor al de las estadales”, denuncio.
Los dirigentes de sindicatos magisteriales informaron que sostuvieron un encuentro con la síndico municipal y otros funcionarios de la alcaldía de Sucre y negaron la transferencia. Sin embargo, prometieron una respuesta para el próximo jueves en la que por escrito se confirmará o negará esta acción y derivará en nuevas acciones.
Sigue el paro
Los dirigentes indicaron que, en Sucre, el paro técnico de 24 horas pautado para el pasado miércoles 9 de octubre se cumplió 80 % y que se harán acciones escaladas para mantener la presión sobre el cobro de salarios que permitan generar capacidad adquisitiva.
“Todos estamos sujetos a un tabulador que no nos deja pasar los 80 mil bolívares”, acotó un docente presente en la asamblea para mostrar la realidad salarial al que se enfrenta el magisterio venezolano.
Sotillo, quien labora en la Unidad Educativa Dr. Francisco Espejo del barrio Bolívar, explicó que en las instituciones de Sucre “el paro consiste en trabajar tres días si y dos no”. “¿Queremos hacerlo? No, pero realmente es una medida de presión… Esto se decidió porque los docentes no tenemos zapatos para ir a trabajar, no tenemos agua y muchas veces no tenemos comida”.
El maestro usó como ejemplo su propia historia y relató que vive en Guarenas y que debe gastar entre 10 y 12 mil bolívares diarios en pasaje, todo esto con un sueldo de 40.000 bolívares.
Sara Cordero, otra docente de Sucre, coincidió con el reclamo y recordó que la protesta base de todos los maestros del país es un aumento salarial de 600 dólares equivalentes a cuatro o seis millones de bolívares que ayuden a los docentes a costear la canasta básica.
