Estudiantes, profesores y trabajadores aseguraron que no permitirán que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decida sobre los asuntos de la Universidad Central de Venezuela, que es autónoma, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución
“¡No permitiremos que sea la sombra del régimen la que apague esta casa!”, exclamó el trabajador universitario Dionis Dávila en respuesta a la sentencia N° 0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado 27 de agosto, que ordena a la Universidad Central de Venezuela (UCV) hacer elecciones de autoridades en seis meses.
Este lunes 14 de octubre, la comunidad universitaria del país se congregó en el Aula Magna de la UCV para advertirle al presidente Nicolás Maduro que no podrá vulnerar la autonomía universitaria ni los procedimientos establecidos en la Ley de Universidades para escoger su gobierno. Durante el acto Defendamos la universidad venezolana, promovido por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), sus estudiantes, profesores y trabajadores llamaron a la organización y a tomar las calles, de ser necesario.
La Universidad Simón Bolívar, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, la Universidad de Oriente, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y la Universidad de Los Andes fueron algunas de las casas de estudio que acompañaron a la comunidad ucevista este 14 de octubre.
Flanqueada por autoridades de otras instituciones universitarias, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, denunció la intervención del Estado y aseguró que las elecciones que se realicen serán libres y apegadas a la normativa vigente, y no de acuerdo con el sistema que impuso el TSJ, el cual viola la autonomía descrita en el artículo 109 de la Constitución.
“Cualquier cambio que se produzca tiene que ser interno, debe ser producto de las discusiones de las universidades, no impuesto”, subrayó García Arocha, quien además descartó que el gobierno designe nuevas autoridades en febrero del próximo año, cuando se cumple el plazo para la supuesta elección.
La rectora recordó que, en el año 2011, la UCV, junto a nueve universidades, solicitó la nulidad del artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, promulgada en agosto de 2009, debido a que establece escoger “en igualdad de condiciones” a las autoridades e incluye al personal administrativo y obrero como electores, lo cual transgrede la Ley de Universidades en la que se expone que la comunidad académica la conforman estudiantes, egresados y profesores, y son ellos los encargados de decidir quiénes estarán al frente de la casa de estudio.
Sin embargo, el TSJ respondió ocho años después con la suspensión de tres artículos de esa legislación en los cuales se explica el proceso de votación, pero no se refirió a lo solicitado. García Arocha señaló que a esta situación se le llama “ultra petita”: más allá de lo pedido. Por ello, la consultaría jurídica de la UCV recusó a los magistrados y solicitó conformar un tribunal accidental imparcial que decida sobre el tema.
Defensa universitaria de la AN
En los derechos de palabra concedidos a los estudiantes, se pidió superar el paternalismo del Estado y abogar por la libertad económica para evitar que sentencias como la N° 0324 amenacen la independencia de la UCV.
La representante ante el consejo universitario, Estefanía Cervo, solicitó a la Asamblea Nacional convertirse en un espacio para defender la UCV y reformar la Ley de Universidades. La presidenta de la Subcomisión de Educación del parlamento, Bolivia Suárez, se comprometió a materializar las propuestas y a no permitir autoridades impuestas.
Este 15 de octubre, García Arocha ejercerá un derecho de palabra desde la tribuna de oradores del hemiciclo de sesiones de la AN para exponer los vicios de esta sentencia y la pretensión de Nicolás Maduro de arrodillar a la universidad venezolana.
