Los 17 venezolanos detenidos junto a un ecuatoriano y un cubano, el pasado jueves 10 de octubre en el aeropuerto de Quito y acusados por la ministra de Gobierno María Paula Romo de manejar información de la agenda presidencial, fueron liberados este viernes. Y esta liberación es doblemente noticia.
Primero, porque reveló la violación del debido proceso de los extranjeros y segundo, porque colocó sobre la mesa una grave realidad que afecta a los más de 300 mil venezolanos que residen en el Ecuador: el Gobierno suele ser el primero en exponerlos a la xenofobia, ese mal latente en algunos.
El antecedente más cercano que se recuerda es la declaración del presidente Lenín Moreno en enero de este año, ante el asesinato de una ecuatoriana a manos de un venezolano en Ibarra. Sus declaraciones y medidas contra los extranjeros encendieron el fuego de la xenofobia entre algunos ciudadanos ecuatorianos que, con violencia, persiguieron y agredieron a venezolanos trabajadores. Toda una tragedia.
Nueve meses después, el Gobierno ha aplicado un paquete de medidas económicas que ha desencadenado protestas de indígenas y transportistas y de nuevo, los venezolanos en Ecuador están en el ojo del huracán.
