Los videos se propagan por las redes sociales y generan una ola de indignación casi tan grande como la de la desigualdad que hizo encender las llamas de las protestas. Las torturas y excesos de violencia por parte de los militares y carabineros desplegados en las regiones que desde el viernes están en estado de emergencia pasaron de ser un tema de conversación en las calles a convertirse en 17 causas penales, denuncias de violación de derechos humanos y condena internacional en un conflicto que dejó 18 muertes, de las que por lo menos cinco se adjudican a las fuerzas de seguridad.
Mientras los manifestantes y la oposición piden que levanten el estado de emergencia y se terminen los toques de queda, los primeros desde la dictadura de Augusto Pinochet, el accionar de las fuerzas desplegadas para técnicamente mantener el orden y la seguridad en un momento de conflictividad está cada vez más cuestionado.
El ultimo reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo público y autónomo, publicado este mediodía, da cuenta de 2138 personas detenidas -entre ellos 243 menores de edad-, 376 heridos -173 por arma de fuego, por lo que se los vincula con las fuerzas de seguridad- y cinco muertos a manos de agentes de estado. Tres de ellos por disparos, uno por golpes y otro al ser arrollado por un vehículo militar. Además, ya presentaron 44 acciones judiciales por torturas, detenciones ilegales y violencia sexual en comisarías.
«Violación de los derechos fundamentales»
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, tras la presentación de querellas del INDH, abrió 17 causas penales en las que busca establecer la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. La vocera de la Fiscalía, Marta Herrera, remarcó que son investigaciones caratuladas como violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellas vinculadas con torturas.
Ayer, el director del INDH, Sergio Micco, se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para llevar su reporte y trasladar su «preocupación por la violación de los derechos fundamentales» en los últimos días y por «la transparencia en las cifras de personas fallecidas, heridas, detenidas». Este mediodía se reunió con el presidente, Sebastián Piñera.
«El INDH ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas», señaló su último comunicado. El organismo recopila información en comisarías, hospitales y manifestaciones, además de recibir e investigar denuncias de la sociedad.
En relación a la violencia sexual en las comisarías, la INDH precisó que «una de las denunciantes relata haber sido puesta boca al suelo sobre la basura y con el arma de servicio, haber sido amenazada con dispararle si se movía, para luego tocar su cuerpo con el fusil y amenazarla con penetrarla con el arma».
Para Micco, «es evidente que [el Ejército] no está preparado para cumplir funciones de orden público». «Su presencia solo debe ser disuasiva, es decir debe estar presente para resguardar bienes públicos, pero lo más distante posible de la gente, evitando posibilidades de enfrentamiento para así no repetir escenas como las que hemos visto», indicó.
Esta mañana, en conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que «si se demuestra que hay apremios ilegítimos y torturas, el gobierno lo condena». «Estamos viviendo un estado de emergencia, con toque de queda, pero eso no es un amparo a situaciones de violación de derechos humanos», dijo en respuesta al informe del INDH, al tiempo que destacó el rol de ese organismo y la Fiscalía Nacional para «analizar, denunciar y evaluar si no se están dando los estándares establecidos en las normativas» vinculadas a los derechos humanos.
