Bolivia vive este lunes una jornada de espera a lo que pueda pasar cuando al final del día se cumpla el ultimátum lanzado por un líder cívico para que renuncie el presidente Evo Morales, en medio de la crisis en el país tras unas elecciones que la oposición exige que se repitan.
El Comité Pro Santa Cruz, cuyo líder Luis Fernando Camacho fue quien el pasado sábado dio a Evo Morales 48 horas para que deje la presidencia, tiene prevista una nueva reunión en la noche, cuando expire el plazo del desafío lanzado al mandatario.
Camacho comentó en la noche del domingo que será en esta asamblea ciudadana en pleno centro de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, cuando se podría conocer cómo reaccionarán si Morales no deja el poder.
No es la primera vez que Camacho lanza una advertencia de este tipo, como por ejemplo hizo al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, exigiendo una segunda vuelta entre Evo Morales y el opositor Carlos Mesa.
La exigencia se transformó después en un pedido de anulación de los comicios y de renuncia del mandatario, que gobierna desde 2006 y es el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia.
El gobernante por su parte dijo que convocaría de emergencia a los movimientos afines que lo llevan respaldando en sus más de 13 años en el poder, aunque lo único que ha trascendido es esta mañana una reunión con una federación de cooperativas mineras.
Este tipo de reuniones son habituales en su agenda diaria en la sede de Gobierno en La Paz.
Los bloqueos en calles de las principales ciudades del país se mantienen durante esta jornada, con una incidencia desigual, algo mayor en casos como el del sur de La Paz y en puntos de Sucre, la capital del país.
Además, en algunas urbes como Santa Cruz y Cochabamba se reportan protestas pacíficas frente a algunas instituciones públicas.
Las sospechas de fraude surgieron cuando al día siguiente de las elecciones el recuento provisional pasó de augurar una segunda vuelta entre Morales y Mesa, por ser los dos más votados pero sin mayoría suficiente, a prever un triunfo en primera ronda del jefe de Estado para su cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
Las protestas se desataron desde entonces con episodios violentos como en el que murieron dos hombres por heridas de bala la semana pasada en la ciudad oriental de Montero, aunque la violencia se redujo desde entonces por los llamados a la calma desde Gobierno, oposición y movimientos cívicos.
Los detractores de Morales no aceptan la auditoría del proceso electoral que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA), para determinar si hubo o no fraude, al denunciar que está pactada solo con el Gobierno sin haber contado con ellos.
El Ejecutivo de Morales acusa a quienes denuncian el fraude de no haber aportado aún prueba alguna e intentar desconocer su victoria con un intento de “golpe de Estado”, una expresión que el presidente emplea de forma recurrente desde que llegó al poder cuando surge alguna crisis.
