Donald Trump lleva al Tribunal Supremo la batalla legal que libra con los fiscales de Nueva York, que le reclaman las declaraciones de impuestos de los últimos ocho años, en el marco de una investigación penal sobre los pagos secretos a dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales. Los demócratas en el Congreso también buscan tener acceso a la información financiera personal del presidente.
La acción del republicano ante la máxima instancia judicial en Estados Unidos se produce 10 días después de que un tribunal federal de apelaciones desestimara su intento de mantener sus impuestos en secreto, al rechazar el argumento de que el presidente en ejercicio es inmune a este tipo de reclamaciones. Los abogados de Trump insisten que este caso tiene efectos constitucionales significativos.
Era el segundo revés para el presidente. En las anteriores decisiones, se consideró que la inmunidad del jefe del Ejecutivo no impide que se cumpla con la citación para investigar posibles delitos penales. El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, aceptó no ejecutar la reclamación para permitir que se introdujera la solicitud ante el Supremo. La maniobra, por tanto, permite a Donald Trump dilatar el proceso legal.
El Supremo debe decidir ahora si la acepta a trámite y, en ese caso, si sería antes de que acabe el curso en junio. Pero la sola presentación de la solicitud abre un nuevo frente en las múltiples batallas que libra un presidente conocido por romper las normas. Esta misma semana otro tribunal de apelaciones rechazó el intento de Trump por mantener su declaración de impuestos alejada del Congreso.
Aliado culpable
Roger Stone, amigo y aliado de larga data del presidente Donald Trump, fue declarado culpable el viernes de manipulación de testigos y mentirle al Congreso sobre su búsqueda de emails hackeados por Rusia para perjudicar la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016.
Stone fue declarado culpable de los siete cargos en su contra, que incluyen obstrucción de la investigación del poder legislativo para determinar si el equipo de campaña de Trump se coordinó con Rusia para tratar de ganar la elección. Es el sexto colaborador o asesor de Trump condenado por cargos derivados de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa.
La jueza Amy Berman Jackson rechazó el pedido de los fiscales de encarcelar inmediatamente a Stone, quien puede permanecer en libertad hasta que se le dicte sentencia el 6 de febrero. La condena podría ser de hasta 20 años de prisión.
Añadió que regirán las mismas condiciones que se le impusieron a Stone tras su arresto, que incluyen la prohibición de hablar con la prensa.
