La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este domingo que el Decreto Supremo número 4078 emitido por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, donde libra de responsabilidades a las Fuerzas Armadas bolivianas tras ordenarles reestablecer el orden interno y la estabilidad pública de esa nación, sin preocupación de ser juzgados penalmente por sus actos, estimulan la represión violenta.
La CIDH alega que el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación militar en Bolivia, de fecha 15 de noviembre 2019, “desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, indica un mensaje publicado por la entidad protectora de los derechos humanos en la red social Twitter.
Ante esto, la CIDH condenó cualquier acto administrativo emitido bajo las ordenes de Añez que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, “particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”.
El pasado viernes, Añez firmó el decreto donde especifica en su artículo número 3 que, “el Personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad,absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los artículos 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
El organismo, luego de alertar sobre las consecuencias del decreto, actualizó las cifras de víctimas de la violencia en Bolivia, e informó que van 9 personas fallecidas, 122 heridos de las represiones policiales y militares, totalizando al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde que iniciaron las protestas.
