Hace un mes inició el Plan de Descongestión en los calabozos y aunque han liberado a 117 presos de cuatro centros de detención preventiva de la PNB, según la ONG Una Ventana a la Libertad, los parientes aseguran que aún se mantiene el hacinamiento
Si llueve se mojan y si hay sol no tienen sombra. Las mujeres familiares de los detenidos en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta se sientan en una acera a esperar ocho horas, o más, para poder visitarlos y entregarles alimento. Ahí desayunan y almuerzan, pues la otra mitad de su tiempo están en tribunales batallando para que agilicen sus casos.
Con 73 años y un marcapasos, María -nombre ficticio por medidas de seguridad- sale a las 5:00 am de su casa, en Charallave, estado Miranda, para ser de las primeras que pueda entregarle comida a su nieto, aunque a veces no lo logra y solo consigue anotarse en la tercera lista que hacen circular las mismas personas que integran la formación.
También le aquejan problemas en las rodillas y dolencias en la cervical. Así tiene 11 meses viajando casi todos los días hasta Caracas para que su hijo -como lo llama porque lo crió desde que tenía un mes de nacido- pueda comer arroz solo, caraotas o lentejas. También carga con envases de agua para que pueda beber y bañarse.
La abuelita, de piel morena y cabello canoso, ha perdido casi 38 kilos entre cada visita en las celdas o los tribunales. Así hace el resto de los familiares que divide su tiempo entre esperar largas horas para poder visitarlos -debido a lo lento que resulta el proceso por la cantidad de personas que acuden- y tratar de agilizar el caso legalmente.
A Nora -nombre ficticio por protección- le pidieron 500 dólares para “mover” la causa de su hijo, quien tiene cinco meses detenido con cinco audiencias preliminares diferidas. “A mí me pidieron esa cantidad en dólares, pero si uno no tiene para comer, menos para pagar eso. Los mismos abogados ya piden dólares también”.
El 15 de octubre de 2019, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que comenzaría un Plan de Descongestión en los calabozos.
Dos semanas después, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que trasladaron a 99 personas desde los calabozos a las cárceles y quedaron en libertad 83 que “nunca debieron estar presas”.
Por su parte, la ONG Una Ventana a la Libertad registró que 117 detenidos en los calabozos de la PNB de Boleíta, El Valle, San Agustín y La Yaguara quedaron en libertad tras la puesta en marcha del plan hace un mes. 19 de quienes admitieron los hechos fueron trasladados a cárceles.
Corrupción
Al nieto de María, de 24 años, durante casi un año le han diferido dos veces la audiencia preliminar porque no había fiscal. Fue implicado en un homicidio, junto con tres jóvenes más, aunque ella asegura que el verdadero responsable huyó a Colombia.
“Yo iba a tribunales y no me dejaban pasar porque soy la abuela y tiene que ser la mamá o el papá. Tanto di que pude pasar y me mandaron a una fiscalía, a otra, iba de aquí para allá. De tanto buscar vimos que su expediente estaba engavetado. Es decir, que en cinco meses el abogado nunca buscó los papeles ni sacó las copias”, dijo María, quien no tiene ayuda de los padres del joven, solo cuenta con su esposo de 78 años, pensionado.
Familiares de los presos en la PNB de Boleíta aseguraron que en tribunales siempre hay una excusa distinta para no llevar a cabo las audiencias: el alguacil no avisó en la comandancia, no llegó la boleta o no las imprimieron, no fue el fiscal, estaba de vacaciones o de reposo; o no fue el acusante.
Una investigación de Una Ventana a la Libertad determinó la segunda causa del retardo procesal penal se encuentra el alto índice de diferimiento de audiencias, generalmente por ausencia del imputado. El primer motivo está asociado a estructuras insuficientes para el funcionamiento de tribunales, carencia de equipos y materiales.
La tercera razón es la corrupción judicial y policial. Los funcionarios se aprovechan de su condición para extorsionar e intimidar, de acuerdo con la ONG.
Quienes visitan diariamente la PNB de Boleíta deben pagar por casi todo. La “cola normal” tiene un costo de 5.000 bolívares y la VIP vale 10.000 bolívares. Familiares han denunciado que para que pasen niños deben contar con 100.000 bolívares por cada uno y 50.000 para que ingresen caballeros.
De acuerdo con parientes, dentro de los calabozos permiten visita conyugal y vale 40.000 bolívares la hora. También se cancela por el ingreso de alimentos no permitidos, cigarrillos, bebidas distintas al agua, colchonetas y otros privilegios.
Entran y salen
Aunque el Plan de Descongestión ha permitido que trasladen o liberen a detenidos de la PNB de Boleíta, los familiares aseguran que las celdas igual están hacinadas porque “a cada rato entra gente nueva”. Un equipo periodístico del portal Crónica.Uno conversó con dos mujeres: una tiene a su esposo preso desde hace tres semanas y la otra desde el 18 de noviembre.
Según Una Ventana a la Libertad, entre el 11 y 15 de noviembre, un total de 277 detenidos en cuatro comisarías de la PNB fueron atendidos como parte del plan de descongestión, que algunos familiares identificaron como el Plan Cayapa del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
“Nos dieron cita para ver cuándo le hacían la audiencia preliminar y su papá va a tribunales para saber cuándo”, dijo una muchacha que visitaba a su pareja, un joven de 21 años, detenido desde hace dos meses.
De los 277 detenidos pasaron a juicio a 109, 21 audiencias fueron diferidas por falta de experticias, falta de víctimas o de traslado de las causas y uno recibió medida humanitaria por salud.
850 reclusos
Según las últimas cifras de la ONG Una Ventana a la Libertad, en los calabozos de Boleíta había 850 hombres, en un espacio con capacidad para 150. Este es el centro de detención preventiva con las condiciones más críticas de Caracas.
Un fiscal, quien pidió no revelar su nombre, explicó que un detenido en un órgano policial debe estar bajo su custodia por un lapso no mayor de 45 días, tiempo que debe tomarle la investigación al Ministerio Público.
Una vez se fije fecha de la audiencia preliminar la persona debe ser trasladada al centro de reclusión previamente asignado y pasa a estar en calidad de procesado a la espera de juicio.
Yohana Marra/Crónica.Uno