La matanza en Ikabarú se suma a las numerosas muertes registradas en el estado Bolívar por el control del oro, mientras el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo guardan silencio
Los indígenas pemones no tienen paz. La guerra por el control del oro y la amenaza de ser despojados de sus tierras los mantienen en alerta. La reciente matanza de Ikabarú, con al menos ocho asesinados, se suma a las masacres en el estado Bolívar que permanecen impunes.
La matanza en Ikabarú, comunidad indígena de La Gran Sabana, ocurrió la noche del 22 de noviembre. Al día siguiente viajó el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien prometió la pronta entrega de los cuerpos a los familiares. Esto no fue así, ya que alegaron que seguían las averiguaciones y los exámenes forenses.
El pueblo también fue tomado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que no fue bien recibido. Walter Torres, el capitán de Parkupik, una comunidad del sector 7 de Ikabarú, advirtió que estaban en alerta. El accionar de Noguera en casos anteriores los hace dudar, ya que no descartan que organismos de seguridad estén involucrados en la reciente masacre.
El martes en la noche, un audio del capitán de Parkupik advertía sobre la presencia de un grupo armado en la zona. “No sabemos quién está detrás de todo eso, pero hay un grupo armado que está tomando el control del sector 7. Están cerca de mi comunidad, están en un lugar llamado Fariñeo, a unos 2000 o 3000 metros aproximadamente. No sabemos qué va a suceder, nos sentimos bajo amenaza”, manifestó Torres.
Aseguró que enfrentarían pacíficamente a los grupos, pero si tomaban otras medidas, no huirían de la comunidad. “Nuestro municipio está siendo azotado solamente para poder tomar control de nuestro territorio”, agregó.
Masacres impunes
El municipio Gran Sabana perdió su tranquilidad: ya no están a salvo de la guerra por el oro. Indígenas y demás pobladores, incluso el alcalde (e) José Alejandro Barreto, desmintieron la existencia de los llamados ‘sindicatos’, los grupos armados que imponen su ley en las minas del sur de Bolívar.
La masacre más recordada de los últimos años es la de Tumeremo, en marzo de 2016. Se encontraron 16 cadáveres y se responsabilizó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, apodado El Topo. Era de nacionalidad ecuatoriana. Dos meses después, el hampón cayó en un presunto enfrentamiento con el Sebin.
La presión del pueblo y familiares que protestaron para que aparecieran los cuerpos obligaron a las autoridades a actuar. Pero el crimen sigue impune. Trascendió que las personas detenidas por este hecho recibieron boleta de excarcelación recientemente.
Casi dos años después tuvo lugar la masacre de Cicapra, en el municipio El Callao. En febrero de 2018, en esa mina asesinaron a 18 personas. Aunque oficialmente se dijo que fue un enfrentamiento, familiares afirmaron que fueron ejecutados. Denunciaron que todos los cuerpos tenían un disparo en la frente.
El 7 de mayo de ese mismo año, en las minas Cicapra, El Caolín Campanero y El Cuadro se habló de entre 20 y 30 nuevos asesinatos. El 16 de mayo denunciaron otros 19 masacrados. Este hecho coincidió con el cierre de campaña de Nicolás Maduro en San Félix. En ambos casos, ninguna autoridad se pronunció, ni para confirmar ni para desmentir. Esta vez señalaban a presuntos encapuchados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los crímenes.
En octubre, Tumeremo volvió a ser noticia con la masacre en la mina Corregente, con un saldo de siete víctimas.
El Callao no ha estado exento de las masacres en Bolívar. En agosto del año pasado encontraron una fosa común con 14 cráneos y huesos. En enero de 2019 la noticia fue ocho asesinados en la mina Yin Yan en un supuesto enfrentamiento entre mineros y el Ejército.
Guerra por el oro
Pobladores al sur de Bolívar afirman que “todos los días matan gente en las minas”. No siempre se conoce de esas muertes. Entre las víctimas hay foráneos, personas de otras partes del país, cuyos familiares simplemente dejan de saber de ellos. Las desapariciones pasan incluso con los habitantes del pueblo.
Aunque sí existen bandas mineras armadas que se disputan el control de los campamentos, fuerzas de seguridad han incursionado para desalojarlos, pero los pobladores aseguran que estos esconden la misma intención: apoderarse del oro.
Con la masacre de Tumeremo en 2016, denunciaron al entonces gobernador Francisco Rangel Gómez y el exdiputado del Consejo Legislativo en Bolívar, Aldrin Torres (asesinado junto con su pareja en 2018), de estar involucrados en el hecho para limpiar las minas y entregarlas a trasnacionales.
Sobre las últimas masacres en Bolívar, las acusaciones al gobierno no han quedado de lado. Aseveran que la simulación de enfrentamientos es la estrategia para militarizar las zonas.
Jhoalys Siverio/Crónica.Uno
