Según denunció Joel García, abogado y miembro del equipo legal de Juan José Márquez, el registro por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ocurrió en un momento en que en la residencia se encontraba Romina Botaro, esposa del acusado, con dos de sus hijos
Este jueves 20 de febrero en horas de la mañana se llevó a cabo un allanamiento a la residencia de Juan José Márquez, tío del diputado Juan Guaidó, que actualmente está detenido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El registro a la residencia, realizado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ocurrió cuando en el lugar se encontraban únicamente Romina Botaro (su esposa) y dos de sus hijos.
Al lugar se trasladó Joel García, abogado y miembro del equipo de defensa legal de Márquez, a quien los uniformados negaron el ingreso a la residencia mientras el allanamiento se llevaba a cabo, algo que el jurista cuestionó y aseguró que buscaban “sembrar” evidencia para perjudicar a su defendido.
“Cuando los funcionarios no permiten que las personas estén acompañadas por su abogado de confianza, como lo dice el Código Orgánico Procesal Penal, es porque simplemente vinieron a sembrar”, señaló.
García, además, calificó de “absurdo” que el registro a la residencia se generara nueve días después de la detención por efectivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en el aeropuerto internacional de Maiquetía. “Es absurdo que él fue detenido hace más de una semana y sea ahora que van a venir a allanar, como si en caso de que una persona tuviera algo oculto en su residencia, eso va a permanecer una semana ahí con esas evidencias en su casas”, señaló.
El abogado concluyó asegurando que, aunque a él no le permitieron ingresar a la residencia, un miembro de su equipo de la defensa, que no nombró, sí logró estar presente durante el registro, y que pudo “evitar que se sembraran químicos en la residencia”, así como constatar que la Dgcim extrajo “documentos de la familia, teléfonos y laptops”.
Nueve días detenido
Juan José Márquez fue detenido el pasado 11 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía al momento de ingresar al país en el mismo vuelo en el que ingresó su sobrino.
Fue retenido inicialmente por funcionarios del Seniat por portar una “camisa protectora”, pero, posteriormente, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, dio a conocer presuntas evidencias de que había ingresado al país con material explosivo. La defensa negó esto y acusó al gobierno de Maduro de “sembrar” evidencias.
El 12 de febrero, mismo día en el que Cabello dio a conocer las presuntas evidencias, el tío de Guaidó fue presentado en tribunales, donde le dictaron medida privativa de libertar y ordenaron la sede de la Dgcim como su sitio de reclusión.
Como consecuencia del hecho, el gobierno de Maduro tomó medidas contra la aerolínea portuguesa TAP, por presuntamente haber fallado en las labores de detección del material explosivo y haber permitido el abordaje de Márquez al avión que lo trajo a Venezuela. La empresa de transporte negó que tal hecho fuera siquiera posible.
RECUADRO
Piden liberación
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) aprobó una opinión en la que solicita formalmente al gobierno del presidente Nicolás Maduro liberar e indemnizar a Roberto Marrero, director del despacho del diputado Juan Guaidó, detenido desde el 21 de marzo de 2019.
En el documento, el GTDA refleja su opinión de que la detención de Marrero es arbitraria, “por contravenir los artículos 1, 7, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
En ese sentido, solicita que se “adopten las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Marrero sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”.
El grupo, que es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además tiene la opinión de que Marrero debería no solo ser liberado, sino que también tiene “derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
