La situación en los centros penitenciarios del país es un completo desastre, así lo describen los familiares de los reclusos, en la carcel el dorado denuncia que la mayoría mueren por haber contraído enfermedades como la malaria e incluso por desnutrición
La situación carcelaria en Venezuela no escapa al colapso de los diferentes sectores del país. En la cárcel de El Dorado, al sur del estado Bolívar, existe un gran problema de desnutrición por la mala o casi nula alimentación de los privados de libertad. Estos consumen agua directamente del río Cuyuní, contaminado por mercurio, según denunció Luis Manuel Guevara, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones.
«En el Dorado hay personas fallecidas por malaria, tuberculosis, hepatitis y cualquier otro tipo de enfermedad que se esté generando al sur de Bolívar (…) al estar en el sur de Bolívar, el hospital más cercano queda en Tumeremo, si no cuentan con recursos y a familiares no les permiten el ingreso de medicinas ¿Cómo sobreviven los internos?», cuestionó Guevara.
Por otra parte, desde hace cinco años no hay nuevos ingresos en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, debido al hacinamiento. Esto conlleva a que la mayoría de los privados de libertad sean trasladados a centros de reclusión preventiva, como el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, en San Félix, que alberga actualmente a 800 reclusos, acotó.
«A esta situación no escapan las mujeres. En Vizcaíno hay 80 mujeres, la cifra no es tan alta en comparación con otros centros, pero igual no es un sitio apto para tenerlas privadas de libertad, y los organismos de seguridad no cuentan con dotación de vehículos para hacer los traslados diarios a tribunales o centros hospitalarios», señaló Guevara.
Agregó que esta situación viola el artículo 272 de la Constitución, que establece que el Estado está en la obligación de garantizar la reinserción social de los privados de libertad, así como el derecho a la salud, establecido en el artículo 83 de la Carta Magna.
Guevara informó que en los próximos días se espera el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de los cinco internos que el 30 de junio de 2005 murieron calcinados en el antiguo Instituto Nacional del Menor, en San Félix.