En la plaza Brión de Chacaíto, los familiares de presos políticos exigieron justicia y libertad para los oficiales, a dos años de la detención de los comandantes de batallones blindados del Ejército

“Convirtieron Ramo Verde y la Dgcim en depósitos humanos, donde mantienen a nuestros esposos sin juicio justo”, denunció Leonela Difurt, esposa del comandante Henry Medina Gutiérrez, en la plaza Brión de Chacaíto. En el lugar se encontraban familiares de presos políticos militares.

Este lunes 2 de marzo, al cumplirse dos años de la detención de los comandantes de batallones blindados del Ejército, protestaron para exigir justicia y libertad de los oficiales.

Difurt señaló que a su esposo y demás militares presos el 2 de marzo de 2018 se les viola el debido proceso y se les impide la legítima defensa. “Hoy alzamos la voz porque la Corte Marcial es totalmente inoperante. No otorga medidas cautelares, no permite el derecho a juicio ni emite boletas”, manifestó.

Rechazó que quejarse de falta de grapas en los batallones suponga un delito de conspiración.

Yoselyn Carrizales denunció las condiciones insalubres a las que mantienen sometido a su esposo, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, en la denominada “Casa de los sueños”, como es conocida una de las celdas en los subsótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí se encuentra recluido el oficial destacado como el número uno en la historia de la Academia Militar. “Desde agosto mantenemos comunicación solo tres horas a la semana. Antes de eso estuvo tres meses incomunicado, cuando solo nos recibían agua y pastillas”, agregó Carrizales.

16.000 personas gritando

Sandra Hernández, esposa del sargento tercero Luis Bandres, preso junto con otros militares por el alzamiento de Cotiza, se solidarizó con los familiares de los comandantes del Ejército. Denunció que en el país ha habido 16.000 presos políticos desde 2014. Personas, destacó, que “han sufrido los embates del régimen por pensar distinto”.

“Pueden imaginarse a 16.000 personas gritando de dolor en las celdas de Ramo Verde, el Sebin y la Dgcim”, agregó.

Hernández indicó que su esposo aún presenta signos de torturas en el rostro y las manos. “Lo golpeaban hasta desmayarse, luego lo mojaban y electrocutaban para que reaccionara y seguir golpeándolo. Le arrancaron piel de la mano”, relató.

Gloria Calderón, madre del primer teniente Luis Lugo Calderón, denunció que a pesar de haber cumplido una condena injusta el 22 noviembre de 2019, su hijo continúa tras las rejas. “Está secuestrado en la cárcel de Ramo Verde”, dijo.

Lugo Calderón fue detenido en 2015 por estar presuntamente implicado en el denominado Golpe Azul. “En 2018 le dieron cautelar y a las dos horas se lo llevaron a la Dgcim, donde estuvo desaparecido por un mes y dos días. Cuando lo vimos parecía un cádaver ambulante”, expresó.

Más contundencia

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, ofreció unas declaraciones en las que exigió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ser más contundente al hablar sobre la situación de los presos políticos que hay en Venezuela.

Para Romero, es importante que no solo se haga referencia a la negativa del presidente de Nicolás Maduro de permitir que los funcionarios de la ONU ingresen a las sedes donde mantienen recluidas a estas personas, como lo son la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, Caracas, o a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, «donde se sabe que torturan», sino que se hable de todos y cada uno de los 328 presos políticos, «que son personas que cada una tiene su vida, su familia».

Dijo que al día de hoy existen 318 presos políticos en Venezuela, y detalló que en lo que va de año han sido detenidas por motivos políticos 20 personas y de estos 12 han sido excarcelados.

Explicó que estas no son solos cifras, que detrás de cada número hay casos como el de Yoslen Broadbelt, un menor de edad detenido en Santa Elena de Uairén durante un asalto a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). También hizo alusión al caso de la abogada Antonia Turbay, quien tiene boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019 y aún así permanece «secuestrada» en la sede del Sebin en El Helicoide.

Romero dijo que en la actualidad hay 9.778 personas en Venezuela que fueron detenidas por algún motivo político y que hoy tienen medidas sustitutivas de libertad, también subrayó que alrededor del 90 % de los presos políticos no han tenido la posibilidad de defenderse, «nosotros como abogados no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de argumentar que ellos no cometieron ningún delito».

Es por ello que en nombre de la ONG dijo que es necesario que se tomen acciones contundentes que exijan al régimen la libertad de las personas detenidas por disentir.