Las familias de Eligio Duarte y Fernando Lira denuncian que el proceso judicial está rodeado de vicios e irregularidades
Este viernes 6 de marzo se cumple un año del asesinato del funcionario de la Policía Municipal de Chacao, Eligio Duarte, y el exfuncionario de ese mismo cuerpo, Fernando Lira. Ambos fueron emboscados en Guarenas, estado Miranda, por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuando se disponían a cobrar 500 dólares que habían comprado una semana antes y que aún no les habían entregado.
En estos 365 días, el procedimiento judicial de este caso ha pasado por siete diferimientos de la audiencia preliminar y dos de la apertura de juicio. El proceso también se ha visto empañado por vicios como la ausencia de imputación para un funcionario policial que dio positivo en las pruebas de balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como del vendedor de las divisas, identificado como Jonathan Coraspe, y del titular de la cuenta en la que se transfirió el dinero de la transacción, quien también es oficial activo de la policía científica. “He realizado unas veinte solicitudes ante el Ministerio Público y los tribunales para pedir los antecedentes penales de dos de los acusados que fueron sentenciados por delitos y aún ejercen cargos policiales, también he solicitado diligencias penales, controles judiciales, y todo, absolutamente todo me ha sido negado”, refirió Alexis Lira, abogado penalista querellante del caso y hermano de una de las víctimas.
Por el doble homicidio están acusados Alexánder Efraín Uzcátegui Flores, Sammy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña. A todos les imputaron los siguientes delitos: homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
En la audiencia de presentación, el tribunal cuarto de control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento les ordenó como centro de reclusión el Internado Judicial Yare III; sin embargo, el traslado nunca se efectuó. Los seis hombres permanecen en la sede de las FAES, en Caricuao, Caracas. Lira señala que de ese lugar se les ha visto entrar y salir, incumpliendo la privativa de libertad.
Las fiscalías acusadoras fueron la 94 nacional y la 10 del estado Miranda, ambas con competencia en derechos humanos. Lira detalló que la segunda fue relevada cuando en el caso se involucró el fiscal superior del estado Miranda, Omar Jiménez, quien solicitó que se le cambiara la acusación de coautor a cómplice necesario a José Miguel Oliveros Gómez, quien según el informe del parque de armas del FAES-Miranda del jueves 6 de marzo de 2019, tenía en su poder una subametralladora marca H&K de la que se colectaron 14 conchas y dos plomos en la escena del crimen.
