El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray denunció, que en el operativo realizado en el barrio José Félix Ribas se registraron 13 muertos. Los cuerpos no fueron entregados a sus familiares, sino que fueron enterrados por órdenes del Ministerio del Interior y Justicia
El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aseguró este miércoles que la muerte de las 13 personas durante el operativo policial que se realizó el pasado viernes 7 de mayo en el barrio José Félix Ribas de Petare, se produjeron en un contexto de ejecuciones extrajudiciales.
El exfiscal del MP, que hoy se encuentra en el exilio, detalló que los 13 cuerpos presentan disparos de frente en el tórax, y dijo que otro hallazgo forense que se repite en todos los casos es que las víctimas tienen “doble tap”, una técnica que consiste en disparar dos veces seguidas sobre el mismo blanco.
Aseguró que todos estos descubrimientos no son coincidencias, y es que, a su juicio, es “imposible” que esto ocurra 13 veces seguidas, es decir que 13 personas hayan muerto durante un operativo policial en las mismas condiciones.
Aclaró que las similitudes en las heridas solo reflejan una posibilidad “altísima de ejecuciones extrajudiciales”. Además, Mundaray dijo que aún contra la ley los cuerpos de las víctimas de este hecho no están siendo entregados a sus familiares, para que le den sepultura en el lugar deseado.
Por el contrario, todas las personas que murieron en supuestos enfrentamientos con las autoridades durante un operativo que llevaron a cabo funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en conjunto con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Petare, en un intento fallido por dar con el paradero de Wilexis, a quien señalan de ser el líder de una banda criminal que opera en la zona, están siendo enterrados de forma controlada.
Es decir, los cuerpos están yendo a dar a los cementerios que el Estado decida, sus familiares han podido estar presentes durante la sepultura y van escoltados por funcionarios de los cuerpos de seguridad, tal como ocurrió en la llamada Masacre de El Junquito, que se registró el 15 de enero de 2018, en la que murieron ocho personas, entre los que se encontraban el exinspector del Cicpc Óscar Pérez, quien se había sublevado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Para Mundaray, estas personas murieron luego de haber sido detenidas por los funcionarios. “En estos casos, las personas son detenidas, colocadas frente al tirador y este dispara dos veces”, detalló.
Subrayó que en estos casos las heridas de bala en los cuerpos de los fallecidos no presentan una trayectoria “intraorgánica”. “No muestran inclinación arriba, hacia abajo o viceversa, ni lateralidad. Esto sugiere que la víctima está inmóvil y sometida antes de recibir las heridas mortales”.
Recordó que este tipo de técnicas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a funcionarios de las FAES y otros organismos de seguridad venezolanos, quedaron al descubierto en el 2016, cuando comenzaron las llamadas OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), “donde se perfeccionaron los mecanismos de asesinar masivamente”.
