Un grupo de usuarios solicitó el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela una medida de protección ante la suspensión de actividades de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, decisión que representó un duro golpe para varios millones de venezolanos, mayoritariamente pobres, que perdieron esta fuente de entretenimiento en medio del confinamiento que mantienen las autoridades para hacer frente al coronavirus.
Tras la decisión que tomó la víspera AT&T de que su filial DirecTV cesara operaciones en el país suramericano, el llamado “Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicacionales” acudió al máximo tribunal para pedir un amparo contra la medida de la empresa, que aseguran afectó los derechos de expresión e información de varios millones de venezolanos.
Como parte de la acción legal, el grupo -asistido por la constituyente oficialista María Díaz y otros dos abogados- también pidió una medida cautelar para lograr el inmediato restablecimiento de los derechos vulnerados.
“El Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno, hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre la acción que fue dada a conocer Díaz en su cuenta de Twitter”, informó AP.
