Desde hace ocho años, la llamada Revolución Bolivariana sigue consolidando un nuevo ecosistema de partidos políticos, construyendo una oposición política que, en el corto plazo, no tiene capacidad de intentar exigir la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero puede enfocarse en desplazar a los referentes tradicionales de la oposición venezolana
Con la decisión de suspender las directivas de los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido a un total de ocho organizaciones políticas de oposición en los últimos ocho años, en lo que puede considerarse una estrategia política del partido de gobierno para construir una oposición política acorde a sus intereses.
Desde hace ocho años, la llamada Revolución Bolivariana sigue consolidando un nuevo ecosistema de partidos políticos, construyendo una oposición política que, en el corto plazo, no tiene capacidad de intentar exigir la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero puede enfocarse en desplazar a los referentes tradicionales de la oposición venezolana.
Intervención judicial
Esta estrategia comenzó a ejecutarse semanas antes de la elección presidencial del año 2012, con la intervención judicial de las directivas de las organizaciones Podemos y PPT. Estas organizaciones formaban parte de la estructura de campaña del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. No obstante, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la imposición de nuevos directivos, provocó cambios de última hora en su apoyo al candidato opositor, para terminar respaldando a Hugo Chávez.
Ese mismo año, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) negaron la inscripción de organizaciones representantes del chavismo disidente, como Marea Socialista y la Unión Nacional Organizada y, a la par, negaba la posibilidad que el movimiento Vente Venezuela, dirigido por María Corina Machado, pudiese convertirse en partido político.
Tres años después, en las semanas previas a las elecciones parlamentarias del año 2015, el chavismo repitió la estrategia e intervino judicialmente a cuatro organizaciones políticas que habían presentado candidaturas unitarias con los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). MIN-Unidad, MEP, Copei y Bandera Roja fueron las fuerzas políticas afectadas por esta decisión.
En la mayoría de los casos, la intervención judicial consistió en transferir el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos al ejecutivo nacional o militantes de los partidos que se habían caracterizado por distanciarse de las estrategias de la MUD.
Negar renovación
La siguiente etapa en la estrategia de partido único comenzó a ejecutarse en enero del año 2016. El proceso de legitimación de partidos políticos previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (Lpprpm) que data de 1964 y que fue reformada parcialmente por la Asamblea Nacional en 2010, fue suspendido.
Entre los retrasos del Consejo Nacional Electoral y varias decisiones del TSJ, el proceso de relegitimación de organizaciones políticas se pospuso definitivamente hasta marzo de 2017. Este retraso, provocado por el propio CNE, sirvió de excusa para que no se efectuara en el tiempo previsto el proceso de convocatoria del referendo sobre la continuidad de Nicolás Maduro como presidente de la república.
Entre marzo y agosto de 2017, el CNE convocó a 59 partidos de ámbito nacional a relegitimarse. A este proceso no fueron convocados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por ser las organizaciones más votadas de las últimas elecciones parlamentarias. Tampoco concurrieron al proceso de renovación tres organizaciones políticas admitidas por el CNE después del año 2015. De estas organizaciones, dos estaban vinculadas a la oposición: Partido Unión y Entendimiento (Puente) y Unidad Política Popular 89 (UPP89); y una estaba vinculada al oficialismo: Independientes por el Progreso (IPP).
Solo 12 organizaciones políticas (de las 59 originalmente convocadas a relegitimarse recogiendo firmas y huellas de los votantes) lograron superar las trabas técnicas y legales impuestas por el CNE.
De estas organizaciones, cinco estaban abiertamente vinculadas a la oposición: Acción Democrática (AD), Avanzada Progresista (AP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).
Interviene la ANC
Las denuncias de fraude en la totalización de resultados para la designación de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (en julio de 2017) y las irregularidades del proceso de elección de gobernadores (octubre de 2017), unida a la manipulación de resultados en la votación del estado Bolívar, provocaron que los partidos de oposición que aún sobrevivían a las decisiones del CNE y TSJ decidieran no participar en los comicios de alcaldes celebrados en diciembre de 2017.
La ausencia de estos partidos en los comicios municipales fue utilizada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para ordenar un nuevo y expedito proceso de renovación de partidos políticos en el cual debían participar todas las organizaciones que no hubiesen acudido a las elecciones de alcaldes.
Esta decisión de la Constituyente provocó que los partidos opositores Acción Democrática, Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, Puente y Voluntad Popular debieron volver a legitimarse al no haber participado en los comicios de 2017.
Aunque esta decisión violaba los artículos 52 y 67 de la Constitución Nacional, y 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, además de la sentencia 878 de la Sala Constitucional del TSJ, fue acatada por las rectoras del CNE.
RECUADRO
Proceso exprés
El proceso exprés de renovación realizado por el Consejo Nacional Electoral en 2017 generó una nueva división entre la oposición: mientras Voluntad Popular y Puente decidieron no acatar la orden de la Asamblea Constituyente a pesar de que serían inhabilitados, los partidos Acción Democrática, MUD y Primero Justicia decidieron participar.
En este proceso exprés, solo Acción Democrática logró cumplir con los requisitos impuestos por el CNE. En el caso de PJ y la MUD, las rectoras del CNE cambiaron los instructivos de renovación utilizados en 2017, impidiendo que estas organizaciones lograran cumplir con los requisitos impuestos (como si lo hicieron Copei o Bandera Roja en 2017).
En este escenario se convocó el proceso presidencial del 20 de mayo. Para ese evento, 10 partidos postularon a Nicolás Maduro a la reelección , cuatro postularon a Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela) y una organización (Esperanza por el Cambio) decidió apoyar a Javier Bertucci.
A este proceso decidieron no acudir cuatro organizaciones que previamente habían superado las exigencias de validación del CNE: Acción Democrática, Independiente por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa. Al no participar el 20 de mayo, la Constituyente decidió que estas organizaciones estaban ilegalizadas y debían someterse a un nuevo proceso de recolección de firmas y huellas (el tercero en 12 meses)
A estas cuatro organizaciones se unieron ocho organizaciones nacionales “en formación”, como Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Fuerza Del Cambio (FDC), Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN), Lápiz Procomunidad (Lápiz Procomunidad), Liberal Prociudadanos (LPC), Partido Independiente de Venezuela (PIV) y Soluciones Por Venezuela (SPV).
Eugenio Martínez/Efecto Cocuyo
