No se espera una resolución de la audiencia hasta agosto o septiembre, escribió el juez en un fallo del 28 de mayo
LONDRES. En las bóvedas del Banco de Inglaterra, donde las naciones extranjeras guardan parte de sus vastas reservas de oro, se encuentran 1.700 millones de euros de lingotes de oro en disputa.
Dos partes lo reclaman. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ese oro pertenece al banco central de su administración. El rival de Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, “a quien el gobierno británico reconoce como el legítimo líder de Venezuela, dice que las barras son suyas”, reseña la agencia de noticias Reuters.
La próxima semana, un tribunal comercial británico comenzará a decidir cuál es el reclamo justo después de que el Banco Central de Venezuela (BCV) demandó al Banco de Inglaterra (BOE) para conseguir el acceso a las barras. No se espera una resolución de la audiencia hasta agosto o septiembre, escribió el juez en un fallo del 28 de mayo.
Está en juego una parte considerable de las menguantes posesiones extranjeras del asediado gobierno de Maduro. Los abogados que representan al BCV dicen que gran parte del oro se vendería para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus, ante la debilidad de un sistema de salud destruido por seis años de crisis económica.
La oposición, liderada por Guaidó que hace año y medio comenzó una presidencia interina, alega que Maduro quiere usar el oro para pagar a sus aliados, lo que sus abogados niegan. En los últimos dos años el gobierno ha retirado unas 30 toneladas de las bóvedas del emisor en Venezuela para venderlas ante las urgencia por tener divisas, según datos del BCV y fuentes.
El equipo del líder opositor espera que un veredicto favorable del tribunal inglés pueda influir en otros países para darles el control de más activos venezolanos, incluyendo unos 5.000 millones de dólares en fondos estatales congelados en cuentas bancarias extranjeras.
“Sin duda, el reconocimiento de la corte sería un antecedente muy importante”, dijo José Ignacio Hernández, “el principal representante legal de Guaidó en el extranjero”.
El Banco de Inglaterra ha declinado hacer comentarios sobre el caso.
En mayo de 2018 Maduro fue reelegido en una votación que la coalición opositora boicoteó y calificó como una farsa. Luego Boris Johnson, entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, dijo a los periodistas: “Es posible que tengamos que apretar el tornillo económico sobre Venezuela”.
Preocupado por las crecientes sanciones contra el gobierno de Maduro, el BCV a fines de 2018 le dijo al BOE que quería repatriar 14 toneladas de oro que había almacenado allí bajo un acuerdo de custodia. En diciembre de ese año, Calixto Ortega, presidente del BCV, viajó a Londres para discutir la movilización del oro con funcionarios del BOE, según Sarosh Zaiwalla, un abogado con sede en Londres que representa al BCV.
Los funcionarios del BOE le dijeron a Ortega que no podían aceptar sus instrucciones ya que había un problema con su autoridad, dijo Zaiwalla a Reuters.
En febrero de 2019, Gran Bretaña se unió a Estados Unidos y a docenas de otras naciones para respaldar el reclamo de Guaidó En abril, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al BCV, alegando que Maduro lo estaba usando para “saquear” los activos venezolanos para “enriquecer a los corruptos”.
Previa las sanciones, el gobierno de Maduro pagó en febrero de 2019 un préstamo acordado con Deutsche Bank que usaba oro como garantía. Esto dio como resultado que se devolvieran 17 toneladas de oro al BCV, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo, lo que elevó el total de tenencias del BCV en el BOE a 31 toneladas.
Las sanciones causaron la terminación anticipada de varios canjes de oro que el BCV había acordado con entidades como Deutsche Bank entre 2015 y 2017, según una cronología presentada ante el tribunal por el equipo legal de Guaidó.
El equipo del dirigente opositor le pidió a la corte inglesa que determinara quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro. En julio, Guaidó nombró su propia junta del banco central.
El gobierno de Maduro contrató a Zaiwalla en febrero para reemplazar a otro bufete de abogados. Zaiwalla dice que Ortega lo contactó después de representar al Banco Mellat, de Irán, en un caso que buscó una reparación de daños del gobierno británico por imponer sanciones que perjudicaron su reputación y buena voluntad. El gobierno británico llegó a un acuerdo el año pasado por 1.250 millones de libras.
“Es probable que este caso tenga cierta importancia porque la decisión de un tribunal del Reino Unido se respeta en todo el mundo”, dijo Zaiwalla.
