«Una solución sostenible a la crisis profunda en Venezuela debe incluir elecciones legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas», dijo el Grupo en un comunicado
BRUSELAS. Los altos funcionarios del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela rechazaron la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en este país, y alertaron de que daña la posibilidad de lograr un consenso para unas elecciones democráticas.
«Las recientes decisiones del Tribunal Supremo para el nombramiento unilateral de miembros de un Consejo Nacional Electoral que no es ni equilibrado ni independiente (…) daña la posibilidad de una vía electoral consensuada y unas elecciones democráticas», apuntaron los funcionarios del Grupo tras reunirse la noche del miércoles 24-J.
En un comunicado transmitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Grupo se refirió en los mismos términos al reemplazo de la junta directiva de algunos partidos de la oposición, el caso de Acción Democrática (AD).
«Una solución sostenible a la crisis profunda en Venezuela debe incluir elecciones legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas», recordó el Grupo, que instó al régimen de Nicolás Maduro a «detener las acciones unilaterales».
El comunicado pide a ambas partes que «se comprometan en negociaciones significativas e inclusivas» que puedan llevar a una «vía democrática para salir de la crisis».
«La violencia, incluyendo cualquier incursión militar en el país, no puede ser una opción», insistieron los funcionarios.
DESPIECE ++++++
“La peor crisis política”
Por videoconferencia, el Grupo de Contacto expresó su preocupación ante la «cada vez peor crisis política», el «estrechamiento del espacio democrático», el deterioro del respeto a los derechos humanos y el agravamiento de las crisis humanitaria y migratoria a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.
El Grupo de Contacto Internacional dijo que «continuará apoyando los esfuerzos diplomáticos» para que las organizaciones humanitarias «neutrales e independientes» puedan acceder al país a proporcionar ayuda a la población que lo necesite.