El Secretario Nacional del partido Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, fue trasladado el lunes 29 de junio de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado La Guaira al sitio de reclusión en Caracas que fue fijado por el tribunal mientras se desarrolle el juicio en su contra, por su presunta responsabilidad en la muerte de un adolescente.
Como centro de reclusión, el Tribunal Cuarto de Control de Vargas designó la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la parroquia San Agustín en Caracas, una semana después de lo que estimaba la defensa.
El 15 de junio, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que desde el Ministerio Público (MP) se solicitó orden de aprehensión contra el diputado del Consejo Legislativo de Vargas (CLEV) y secretario general del Movimiento Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero. “Hemos solicitado órdenes de aprehensión contra José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, por su responsabilidad en la muerte del adolescente de 16 años, George Soto Berroterán”, dijo Saab.
Horas más tarde de ese día, funcionarios del Cicpc en La Guaira ejecutaron la detención del líder Tupamaro, hecho que fue denunciado por la organización política a través de su cuenta en Twitter diciendo que “nuevamente” secuestraban a José Pinto, y tildaron la acción de la policía científica como un acto de fascismo.
El 20 de junio se dictó privativa de libertad contra Pinto Marrero por el homicidio del adolescente de 16 años.
A Pinto le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento por el asesinato del joven, así como también por las lesiones causadas al pescador Juan Romero, de 20 años.
Ante los cargos imputados, el equipo de abogados defensores del Tupamaro aseguró que no existen elementos de convicción probatoria que inculpen a su defendido.
Según el letrado Henry Hamdán, la medida tomada contra Pinto fue “exagerada” y había anunciado que apelarían la sentencia.