Anthony Salisbury, agente especial del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), dijo que el monto de la incautación es de unos 3.2 millones de dólares, a precio minorista
Port Everglades parece un concesionario de autos estos días, con filas y filas de autos de lujo a la vista, como un SUV Mercedes Biturbo que vale $150,000, además de algunos autos económicos, como un Toyota Corolla de apenas $20,000.
En total, hay 81 autos con un precio minorista de $3.2 millones. Y los agentes federales los confiscaron todos, con planes de decomisar muchos más.
Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) indica que los vehículos nuevos fueron confiscados porque un grupo respaldado por un notorio multimillonario venezolano y sus aliados trataron de sacarlos de contrabando del sur de la Florida con destino a Venezuela, una infracción a las leyes de exportación de Estados Unidos y sanciones contra el gobierno venezolano.
El multimillonario caraqueño Raúl Gorrín, quien enfrenta cargos de lavado de dinero en Miami, ha colaborado con compradores ficticios y compañías pantalla en el sur de la Florida para comprar los vehículos y enviarlos a Venezuela para beneficio de personas políticamente conectadas, dijeron autoridades de HSI.
“Esto es una gota en un balde de agua”, dijo Anthony Salisbury, agente especial del HSI, al Miami Herald, quien agregó que no sabe cuántos autos más han salido desde Port Everglades hacia Venezuela antes que el primero fue interceptado esta primavera.
Mientras observaba las filas de autos en Port Everglades, Salisbury señaló hacia una camioneta Toyota Tundra pintada de verde oliva ($66,000), un SUV Lexus negro con luces y sirena de policía ($86,000) y un Jaguar F-Type deportivo de dos puertas ($62,000). “Estos autos van dirigidos a cleptócratas como Gorrín y sus aliados para vivir su vida de multimillonarios, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre”, dijo Salisbury. “Allí no hay este tipo de vehículos”.
Ni Gorrín ni nadie más ha sido acusado como parte de esta investigación penal, que Salisbury dijo es una de las mayores operaciones de contrabando de autos en el sur de la Florida. Pero dijo que Gorrín es un “maestro del lavado de dinero”.
Howard Srebnick, abogado defensor de Gorrín, no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.
Desde empezaron a ponerle el ojo a la corrupción en Venezuela en 2017, el HSI y la fiscalía federal han decomisado $450 millones en cuentas bancarias -además de propiedades de lujo, caballos purasangre, relojes de lujo y un superyate- que pertenecían a más de una docena de funcionarios gubernamentales y empresarios en Venezuela, todos acusados de lavar miles de millones de dólares en Estados Unidos, Suiza y otros países.
Salisbury dijo que Investigaciones de Seguridad Nacional inició la pesquisa a principios de este año, después de recibir información de su oficina en Bogotá, Colombia, de que un grupo de contrabandistas que se dedicaba a comprar y enviar a Venezuela autos nuevos a través de Port Everglades, en Fort Lauderdale.
Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza comenzaron a detener múltiples envíos de automóviles en abril porque algunos parecían sospechosos, habían falsificado documentos o se los habían robado. “Cuando ves un vehículo que exportan con equipo policial es muy sospechoso”, dijo Dylan DeFrancisci, director de Aduanas y Protección Fronteriza en Port Everglades, quien agregó que al menos nueve SUV Mitsubishi L200 confiscados probablemente fueron robados porque el número de identificación estaba borrado.
Las autoridades indicaron que los contrabandistas trataron de hacer que los envíos a Venezuela parecieran lo más legítimos posible. “Están tratando de abrumar el sistema enviando tantos vehículos como sea posible a la vez”, dijo Kevin Tyrrell, agente especial asistente del HSIen Miami.
Según las leyes federales, las entidades nacionales pueden realizar confiscaciones administrativas de hasta $500,000 sin una orden judicial, pero los funcionarios deben notificar a los compradores para darles la oportunidad de impugnar la confiscación. Si impugnan una incautación, es probable que llegue a los tribunales federales.
Pero Salisbury, el agente principal de HSI, dijo que no espera que ninguno de los compradores, compañías pantalla y transportistas que participan en la estratagema reclame por los vehículos confiscados.
RECUADRO
Cleptócratas venezolanos
Anthony Salisbury, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), dijo que las incautaciones deberían alertar a las empresas del sur de Florida involucradas en las compras de auto en efectivo por la potencial posibilidad de infringir las leyes contra el lavado de dinero. “La cantidad de cleptócratas venezolanos que está lavando dinero es asombrosa”, dijo Salisbury. “Los narcotraficantes lavan cientos de millones de dólares. Los cleptócratas venezolanos están lavando miles de millones”.
Cuando se le preguntó qué planea hacer su agencia con todos los autos decomisados, dijo que se venderán en subastas y que los ingresos van a las arcas federales.
Jay Weaver/El Nuevo Herald
