MADRID. Las elecciones legislativas de diciembre en Venezuela deben ser “democráticas, legítimas y limpias” para poder reconocer su resultado, urgió este lunes 13 de julio la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, luego de una reunión con sus pares europeos.
“Las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela (deben ser) elecciones democráticas, legítimas y limpias como garantía para que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros puedan reconocer este resultado”, aseguró González Laya, informa la agencia española de noticias EFE.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, avanzó su intención de convocar una reunión del Grupo de Contacto Internacional (GCI) con “otros actores clave” -como el Grupo de Lima, según la canciller española- para abordar las elecciones parlamentarias.
“Y para enviar un fuerte mensaje al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro sobre sus últimas decisiones al respecto”, agregó Borrell, quien, en el pasado, criticó la elección del nuevo ente electoral y sus decisiones contra partidos de la oposición.
Venezuela se halla sumida en una profunda crisis política. El líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó en enero de 2019 presidente encargado, disputando el cargo a Maduro y con el respaldo de medio centenar de países, como Estados Unidos.
EFE reseña que “Eslovaquia se convirtió a principios de julio en el 25º país de los 27 de la UE en reconocer a Guaidó como presidente interino y pidió este lunes al resto del bloque a seguir sus pasos. Los únicos dos países que quedan sin hacerlo son Chipre e Italia”.
Las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre se anuncian claves para Guaidó que basa su legitimidad en su reclamo de presidente interino en la presidencia del parlamento. Pero los principales partidos de la oposición boicotearán los comicios.
De cara a esos comicios, la UE, que quiere mantener abiertos los canales diplomáticos con Maduro para lograr una solución política pero que a su vez no reconoce su reelección en mayo de 2018, busca ya como afrontar la nueva situación a partir de diciembre.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. El bloque busca además aliviar la crisis humanitaria en el país y la crisis de refugiados en los países vecinos.
Tras una nueva serie de sanciones a funcionarios y opositores disidentes venezolanos, Bruselas y Caracas mantuvieron un pulso diplomático. Maduro dio marcha atrás finalmente a la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela.
