FOTO LUIS MORILLO/CRÓNICA.UNO
Parientes de los presos políticos que están en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar temen que la entrada y salida de funcionarios haya contagiado de covid-19 a los detenidos
Un tuit del diputado José Manuel Olivares aumentó la zozobra entre los familiares de los presos políticos: “Confirmamos que en Hospital Universitario de Caracas está hospitalizado un preso de El Helicoide con covid-19”, escribió el parlamentario. El rumor entre los parientes ya tenía algunos días rodando, pero no tenían manera de confirmarlo.
“Esto significa que hay un probable brote en esta cárcel. El mal manejo de esta situación puede costar vidas, tanto de presos como de funcionarios”, decía parte del mensaje de Olivares, publicado la noche del pasado martes 4 de agosto. Sin embargo, los voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se han encargado de divulgar las cifras de contagio noche tras noche, no han confirmado la información.
Desde que el 13 de marzo se decretó el estado de alarma en Venezuela por la pandemia del nuevo coronavirus, fueron suspendidas las visitas en los centros de detención preventiva y en las cárceles. Los familiares solo podían ir a llevar comida, agua y ropa a los detenidos. No tenían permitido verlos.
“Tememos que haya un brote. Esto atenta contra la salud de los que están presos y hasta de los mismos custodios. Ahí hay mucha gente que entra y sale como los funcionarios, y esa es nuestra preocupación”, dijo Requesens padre a un equipo periodístico del portal Crónica.Uno.
Las condiciones sanitarias de los calabozos del Sebin tampoco son las adecuadas para evitar el contagio con el nuevo coronavirus. Requesens explicó que, generalmente, el servicio de agua es deficiente, hay unos tanques de agua que se llenan de manera esporádica con cisternas. En el caso de su hijo, él y otros familiares le llevan agua cada vez que van.
Antes de la pandemia, la familia le llevaba a diario comida y agua al diputado, preso desde hace dos años bajo acusación de intento de magnicidio. Sin embargo, por los cierres de calle que ocasionó la radicalización de la cuarentena, y la escasez de gasolina, ahora acuden a El Helicoide cada tres días y le llevan alimentos de provisión hasta que regresen.
Requesens reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que los presos políticos reciban medidas humanitarias de casa por cárcel y evitar que su salud esté en peligro durante esta pandemia.
Este jueves 6 de agosto, la defensa de los 17 acusados por el caso de supuesto magnicidio del pasado 4 de agosto de 2018 fue convocada a la continuación del juicio oral y público. El abogado de Requesens, Joel García, explicó que, además de los 17 acusados, debieron asistir 13 abogados, tres fiscales del Ministerio Público, más la juez, el secretario, quien toma el video y los funcionarios de custodia. Desconocen las medidas preventivas que tomarán ante el covid-19.
