Según denunció Provea, ocho trabajadores de la ONG fueron detenidos por presuntamente vender medicamentos vencidos.

«Un grupo de miembros de las Faes irrumpió en nuestra sede con un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos», escribió Acción Solidaria en su cuenta de Twitter.

Además, explicaron que en el «momento de presentarse en la sede, se ha perdido comunicación con el personal de los equipos de la organización» y, por tanto, no saben «lo que está ocurriendo en nuestra fundación».

«Somos un centro de atención a personas afectadas en sus condiciones de salud», subrayaron antes de agregar que trabajan con «un programa de asistencia humanitaria llevado en conjunto con órganos de las Naciones Unidas para proteger a las personas en sus necesidades apremiantes de medicinas e insumos».

Por eso, exigieron a los policías «garantizar la libertad y integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo, así como preservar los insumos y suministros» con los que trabajan y que sirven «para atender a las personas que los necesitan, para proteger sus vidas y salud».

«A quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios exigimos el cese de actos de los hostigamientos y abusos», pidieron.

Por otra parte, el director de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, denunció en la misma red social que los funcionarios presentaron una orden de privación de libertad por presuntamente «vender medicamentos vencidos» y que ocho trabajadores de Acción Solidaria fueron detenidos.

Horas más tarde, sin embargo, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria, informó el twitter que cinco de los trabajadores fueron liberados y solo esperaban por la puesta en libertad de los otros tres.