Un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenó ayer viernes la liberación de dos mujeres venezolanas que se encontraban recluidas en un centro de detención gubernamental desde noviembre.
La jueza Avason Quinlan-Williams se pronunció así sobre un recurso de hábeas corpus -procedimiento jurídico que permite que cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto- presentado por los abogados de las dos mujeres, que se encontraban en el centro desde noviembre.
Los abogados solicitaron el auto después de que el Ministro de Seguridad Nacional emitiera órdenes de deportación para las venezolanas en enero, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a no hacerlo hasta que sus reclamos constitucionales fueran escuchados y resueltos.
En su decisión, la Juez Quinlan-Williams sostuvo que la detención de las mujeres bajo la orden de deportación era ilegal.
“Por lo tanto, como no puede haber deportación, no puede haber detención”, dijo la magistrada en su fallo, tras insistir en que la deportación no es posible a menos que haya una orden de un tribunal.
Las mujeres formaban parte del grupo de venezolanos que entró ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre.
El grupo fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
El 22 de noviembre fueron escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera, una vez que las autoridades de ese país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
Después de pasar dos días abandonadas en el mar, el grupo regresó a Trinidad y Tobago el 24 de noviembre, donde fueron nuevamente detenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas, donde una parte ha permanecido hasta ahora.
