La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) explicó que el informe anual de 2020 se basa en la crisis de salud en los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela.
En nota de prensa, señalan que la pandemia del COVID-19 agudizaron las «condiciones caóticas» del sistema de salud.
En este sentido, detallan que la principal causa de muerte en el transcurso de 2020 fueron las enfermedades, con un total de 143 defunciones, lo que representa un 68,75% del total de 208 fallecidos. Además, 15 detenidos fallecieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas.
Las cinco enfermedades que causaron el 87% de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis (86 casos), desnutrición (13 defunciones), problemas respiratorios (12 muertes), problemas cardiacos (8 fallecidos), tuberculosis y desnutrición juntas (5).
Como segunda causa indican que las muertes por fugas, ya que se registraron 42 que equivale a 20,19% del total, y están básicamente relacionadas al proceso de recaptura que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento.
De acuerdo con los registros de Una Ventana a la Libertad, murió solo el 17,28% del número de fugados, lo que implica que la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo.
La sobrevivencia en los calabozos policiales, (no confundir con cárceles), depende de los familiares de la población reclusa, quienes pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo hicieron peripecias para llevarles alimento.
Asimismo, explican que los datos del informe se obtuvieron con el monitoreo constante (reflejado en alertas y boletines temáticos bimensuales) de 21 investigadores ubicados en 19 estados del país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.
El estado Miranda está dividido en tres sectores, debido a la cantidad de CDP ubicados en esa región: Valles del Tuy, eje Guarenas – Guatire y Altos Mirandinos.
Asimismo, el número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para finales de 2020, llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo.
Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por la ONG, en los 19 estados se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78%) y 1.749 mujeres (7,22%), para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP es de 7.457.
Alertan que en estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario, y algunos hasta cumplen el tiempo de su sentencia en los CDP.
Recalcan que el uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación de cada una de las personas detenidas que se encuentran en los mismos.
En más del 60% de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables.
