En un video grupo armado dá 78 horas al gobierno para enviar una comisión a El Callao

Un grupo de hombres con armas automáticas y que se autodenominan miembros de la base El Perú, difundieron un video que publicó el periodista Delmiro Del Barrio en su cuenta en Twitter. En el documento audiovisual acusan a los funcionarios policiales de cometer delitos y le dan plazo de 78 horas al Presidente Nicolás Maduro para que envíe una comisión desde Caracas para mediar en la situación.

“Le hacemos un llamado al Gobierno nacional. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Que envíe una comisión de Caracas para que vea todo lo que hacen sus funcionarios. También les hacemos un llamado a todas las organizaciones sin fines de lucro: Cruz Roja, ONU, a mediar en esta situación y darle así un ultimátum al Gobierno nacional (…). Le damos un plazo de 78 horas al Estado”, afirmó un hombre que habla en representación del grupo.

En la grabación se ven 18 hombres encapuchados, vestidos de negro y con armas largas. Culpan a los cuerpos de seguridad de crear informaciones falsas sobre la banda, como el video que se hizo viral en redes sociales y en el que, supuestamente, atacaban la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esta información también fue desmentida por el gobernador del estado, Justo Noguera.

La persona que habla exige que se liberen a ciudadanos que habrían sido detenidos recientemente en El Callao. “Y que cesen los allanamientos y robos de bodegas, molinos y casas, paren ya con eso. Si no, vamos a implementar una campaña de terror, suspenso y bomba a todos los funcionarios en El Callao e iremos desplazando la guerra a diferentes partes del país”, amenazó la persona a través del video. Este material no es el primero con el que le envían un mensaje similar a Maduro, pues el pasado 12 de septiembre de 2020 también se difundió una grabación por redes sociales.

En el sector El Perú, de El Callao, tiene base la banda de Zacarías y Toto. En el video no se menciona a ninguno de los dos, a quienes los cuerpos de seguridad del estado Bolívar señalan de cometer delitos y tener el control de zonas de explotación de oro.

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