El gobierno chileno expulsó este domingo 06 de junio a 56 inmigrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma clandestina al país, en una nueva deportación confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Los 56 venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el gobierno chileno y, tras realizar una escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, fueron trasladados a Caracas, indicó Delgado a la prensa, reseña el portal digital de RFI este lunes.
“A último momento, gracias al recurso de amparo, lograron bajarse un par de personas del avión”, dice a RFI Carlos Figueroa Salazar, director de estudios Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). “Pero el número inicial de alrededor de 55 personas se mantiene vigente. Es muy complejo que el Gobierno esté ignorando las recomendaciones que hace las Naciones Unidas, porque justamente Chile adhiere a tratados internacionales de derechos humanos para proteger los derechos de las personas. Existen recomendaciones internacionales de los relatores de derechos humanos, de los relatores de migración y del Alto Comisionado de los Derechos Humano al Gobierno de Chile, específicamente para detener este tipo de expulsiones colectivas que son contrarias al derecho internacional. Que el Gobierno esté haciendo oídos sordos a las Naciones Unidas va a haber un escenario de poco entendimiento con los organismos internacionales e incluso desacreditación de sus mandatos”.
El ministro Delgado explicó que una veintena de ellos «ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia» y el resto «entraron de manera clandestina a Chile».
«El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales siguiendo los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU», agregó.
Organizaciones de defensa de inmigrantes que confirmaron la nacionalidad de los expulsados protestaron por esta nueva deportación, al tiempo que un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU indicó en mayo pasado que los inmigrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».
“El año 2018 y 2019 tuvimos un aumento importante de personas que hicieron que el Gobierno pusiera una alerta y que aumentará las restricciones para que las personas provenientes de Venezuela pudieran ingresar a Chile”, dice Figueroa Salazar. “Fue en ese entonces cuando el gobierno de Sebastián Piñera creó esta visa de responsabilidad democrática y también la visa consular de turismo. Dos medidas que no han sido muy bien acogida porque son muy pocas las personas que pueden acceder a ese tipo de visa. Tanto ese tipo de medidas restrictivas como las que evidentemente provocó la pandemia también, con el cierre fronteras, han hecho aumentar los ingresos por pasos no habilitados y por lo tanto también la irregularidad de estos ingresos. Uno de los efectos principales de estas medidas restrictivas, que no acogen la situación especial que está teniendo Venezuela hoy día, es que aumentan los ingresos por paso no habilitado y por lo tanto la irregularidad también”.
En febrero, Chile expulsó a más de un centenar de extranjeros, muchos de los cuales habían ingresado por pasos no habilitados, arriesgando sus vidas al cruzar el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al covid-19.
“La nueva ley de Migración, que se publicó este año, tiene una norma específica y transitoria que abre un plazo de 180 días para salir del país a personas que hayan ingresado posterior al 18 de marzo de 2020 por pasos no habilitados, con el objetivo de que ellos puedan hacer un proceso regular solicitando la visa en los consulados chilenos en sus países de origen, tratando de lograr que se puedan regularizar sin ser sancionado”, dice Figueroa Salazar. “Evidentemente, esto entra en abierta contradicción con medidas de expulsión colectiva, porque al mismo tiempo que tú le dices que por ley a las personas que pueden salir en 180 días, es decir, hasta alrededor de mediados de octubre del país sin ser sancionados, también envías la señal contraria de expulsarlos sin darle la oportunidad de que ellos puedan tomar este camino. Es una contradicción que nos invita a una reflexión profunda sobre cuál es el objetivo que quiere cumplir el gobierno con este tipo de expulsiones colectivas”.
Se han registrado al menos otras dos deportaciones de decenas de inmigrantes, principalmente desde la ciudad de Iquique.
Con información de RFI.
