Este lunes 2 de agosto, la Unión Europea (UE) sancionó a la esposa del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, y a otros seis funcionarios de su gobierno, por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos y/o en acciones que socavan la democracia o el Estado de Derecho” en el país centroamericano.
Bruselas destaca que las medidas de castigo “están dirigidas a individuos en concreto y están diseñadas de forma que no dañen ni a la población ni a la economía de Nicaragua”.
Los sancionados, que ya sumas 14, tienen prohibida la entrada en los 27 Estados de la UE, así como la congelación de sus bienes en territorio comunitario. Y ningún ciudadano ni empresa europea podrá facilitarles recursos financieros.
Las nuevas sanciones europeas llegan después de que Estados Unidos y Reino Unido, hayan reaccionado al deterioro de la situación política de Nicaragua.
Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, necesitó casi un mes para lograr la unanimidad de los 27 socios de la Unión para tomar está medida.
Borrell advirtió a principios de julio, durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo, que “Nicaragua ha entrado en una espiral represiva” cuyo objetivo sería “la eliminación de los competidores para el 7 de noviembre”, fecha en la que están previstas las elecciones presidenciales y parlamentarias.
En el listado de sancionados figuran también el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, por promover actos jurídicos como la ley de amnistía que impide investigar a los responsables de la represión de las manifestaciones en 2018. Otros sancionados son el fiscal general de la república, la presidenta de la Corte Suprema, un asesor económico del presidente del Gobierno, dos altos cargos de la policía nacional y a Ortega Murillo como director de Canal 8, “una de las principales cadenas de televisión propagandísticas”, según la Decisión
Varios grupos parlamentarios europeos reclamaron una mano más dura con Nicaragua, pero el proceso de sanciones, como recordó Borrell, requiere la unanimidad, que suele tardar en conseguirse. Al término del reciente debate parlamentario sobre el país, el Alto Representante señaló con franqueza que “como era de esperar, hemos oído muchas invocaciones de ‘¡basta ya señor Ortega!’. Les aseguro que al señor Ortega sus invocaciones se las traen al fresco”.
