Un nuevo informe de la misión de la ONU que estudia la situación de los derechos humanos en Venezuela concluyó que la justicia del país ha tenido un “papel muy importante” en crímenes contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, un estudio que confirma la “profunda erosión” de la independencia judicial bajo el gobierno bolivariano.
La Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que se desprende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centró en “el papel del sistema de justicia en la investigación y persecución de las opositoras y los opositores del Gobierno”, así como “en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos”, dice el reporte.
Se observó que los casos investigados evidencian “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.
Marta Valiñas, la presidenta de la misión, aseguró que “en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas, citada en el comunicado.
La investigación incluyó una revisión exhaustiva de documentos judiciales, incluyendo órdenes de allanamiento y de aprehensión, y 177 entrevistas con representantes legales de las víctimas, miembros y exmiembros de órganos judiciales, jueces y fiscales que trabajaron en tales órganos durante los años analizados.
Además, efectuó un “extenso análisis” de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”, profundizó el reporte.
Independencia del poder judicial
La Misión pudo constatar que los procesos judiciales que investigan a funcionarios públicos, políticos o de seguridad y violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas políticas “no garantizaron su derecho a una decisión objetiva”. Muchos funcionarios públicos son “intocables” y no pueden pasar por un proceso judicial, según la información recopilada de fuentes que se acercaron al grupo de investigación.
Además, al menos 196 fiscales en el país fueron destituidos, tras haber realizado manifestaciones públicas contra el gobierno, “por motivos políticos y sin proceso previo”.
En cuanto a la objetividad de los jueces y fiscales, en todos los niveles, estos actores aseguraron a los miembros de la Misión haber recibido “instrucciones sobre cómo decidir determinados casos”, provenientes “tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada”.
“En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura”, amplía el texto.
“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas – incluso en la salud física y mental – de las víctimas y sus familias”, afirmó Marta Valiñas.
Impunidad
Entre los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que “involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales”.
“No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces”, afirma el comunicado.
El informe destaca el caso del opositor Fernando Albán, “que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015”, y el de Rafael Acosta Arévalo, un oficial militar que “se desmayó y murió en una sala de audiencias en Caracas” con signos de haber sido torturado.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
